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El gobierno evita nuevas medidas sobre vivienda en su plan para 2025 a pesar de la preocupación pública

Domingo 20 - 15:10

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El gobierno español ha decidido no introducir nuevas medidas sobre vivienda en su agenda para 2025, a pesar de la creciente preocupación por la accesibilidad de la vivienda. El presidente Pedro Sánchez había prometido que su legislatura se centraría en la vivienda, y la ministra Isabel Rodríguez dio la bienvenida a las recientes movilizaciones ciudadanas que exigen un acceso más fácil a la vivienda. Rodríguez afirmó que "las viviendas deben ser para vivir, no para especular". Sin embargo, a pesar de la presión de sus socios de izquierda, no se planean nuevas iniciativas de vivienda para el próximo año, salvo la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2029, cuyo objetivo es ampliar el parque público de vivienda al 9%.

Esta decisión está reflejada en el Plan Anual Normativo de 2025, aprobado por el Consejo de Ministros, que recoge las prioridades legislativas del gobierno para el próximo año. Según el último barómetro del CIS, el acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones para el 28,8% de los ciudadanos españoles. Este tema ha provocado varias manifestaciones en los últimos meses, incluida una hace pocas semanas, con marchas en todo el país.

El programa del gobierno para el próximo año se limita a la aprobación de un decreto para continuar con los programas de ayuda a la vivienda y repensar la política de vivienda. Esta medida no es nueva, ya que la elaboración del Plan Estatal de Vivienda para los próximos tres años comenzó a mediados de 2024, cuando Rodríguez prometió aumentar el parque público de vivienda al 9% del total.

Este plan multianual suele incluir medidas que ya llevan años en funcionamiento. Por ejemplo, el programa 2022-2025 destina la mayor parte de sus recursos al Programa de Ayuda al Alquiler, que ofrece ayudas directas de hasta el 50% de la renta mensual a personas con bajos ingresos. Entre 2022 y 2024, el Ministerio de Vivienda movilizó 1.717 millones de euros para políticas de vivienda, de los cuales 1.440 millones fueron aportados por el gobierno central.

La negativa del gobierno a introducir nuevas medidas ha generado frustración entre sus socios de izquierda, quienes llevan meses presionando por acciones más contundentes. El tema de la vivienda sigue siendo un punto de división dentro de la coalición, especialmente entre el PSOE y Sumar. Sumar ha propuesto modificar la ley para que solo las comunidades que apliquen los límites de precios del alquiler puedan recibir fondos públicos para políticas de vivienda, pero esta propuesta ha sido ignorada por el PSOE. Además, Sumar ha solicitado otros cambios en los contratos de alquiler, como hacer los contratos indefinidos, y prohibir la compra de viviendas en zonas con alta demanda, salvo que se destinen a primera residencia o alquiler asequible.

Otras propuestas incluyen las de Podemos, que sugieren que solo las personas físicas, y no las empresas, puedan comprar viviendas en zonas de alta demanda. Estas viviendas tendrían que ser ocupadas por el comprador o un familiar, y no podrían ser alquiladas ni permanecer vacías durante cuatro años para reducir la especulación.

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