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Trump propone incentivos financieros para que los empleados federales renuncien
La administración de Donald Trump ha lanzado un programa que ofrece incentivos económicos a dos millones de empleados civiles federales a tiempo completo con el objetivo de reducir significativamente el tamaño del gobierno de EE. UU.
Bajo el "programa de renuncia diferida", los empleados elegibles seguirían en la nómina hasta el 30 de septiembre sin necesidad de presentarse a trabajar. Durante este período, algunas funciones podrían reducirse o eliminarse. Los trabajadores tienen hasta el 6 de febrero para aceptar la oferta respondiendo un correo oficial con la palabra "renunciar". Sin embargo, el programa excluye a empleados de inmigración, seguridad nacional y del servicio postal.
Esta medida forma parte de los esfuerzos de Trump para reestructurar y disminuir la plantilla gubernamental. Actualmente, el gobierno federal emplea a unos 2.3 millones de civiles, sin contar al servicio postal, con funciones esenciales en áreas como salud para veteranos, inspecciones agrícolas y supervisión financiera. La proporción de empleados federales en relación con la fuerza laboral total ha disminuido durante décadas.
Según el comunicado de la administración, la reforma busca una "fuerza laboral más eficiente y flexible". Aunque algunos sectores, como el militar, podrían expandirse, la mayoría de las agencias sufrirían recortes mediante despidos y reestructuraciones. También se advirtió a los empleados que la seguridad laboral no está garantizada.
La propuesta ha generado críticas. El senador demócrata Tim Kaine la calificó de "engañosa", argumentando que Trump no tiene la autoridad para implementarla y que los pagos prometidos podrían no concretarse. Un funcionario de alto nivel estimó que entre el 5% y el 10% de los empleados aceptarían la oferta, lo que podría generar un ahorro de 100.000 millones de dólares, aunque la cifra no ha sido verificada.
Además, la administración ha indicado planes para reclasificar a muchos trabajadores como empleados "a voluntad", facilitando su despido sin previo aviso. Los sindicatos han expresado una fuerte oposición, instando a los empleados a no renunciar. Paralelamente, la administración ha emitido directrices dirigidas a empleados en período de prueba—con menos de dos años de servicio—quienes pueden ser despedidos con mayor facilidad.
La Casa Blanca no ha emitido comentarios oficiales sobre la iniciativa, pero los críticos argumentan que es parte de una estrategia más amplia para hacer que el empleo federal sea menos estable y atractivo. Los sindicatos han advertido a los trabajadores que eviten tomar decisiones precipitadas ante la incertidumbre legal y las posibles consecuencias de la propuesta.