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El aumento del gasto militar complica las negociaciones del presupuesto de 2025
La negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 en España ha encontrado múltiples obstáculos, desde la falta de compromiso dentro de la coalición gubernamental hasta tensiones con los aliados parlamentarios. A pesar de algunos contactos iniciales, nunca se ha intentado llegar a un acuerdo de manera seria, ni dentro de la coalición PSOE-Sumar ni con otros socios. El reciente conflicto interno provocado por los planes de rearme del presidente Pedro Sánchez podría haber marcado el fin de la aprobación de unos presupuestos que, con el paso del tiempo, se han ido haciendo cada vez más improbables.
El Gobierno de Moncloa ha evitado reconocer públicamente lo que sería su segundo fracaso consecutivo en la aprobación de un presupuesto. Sin embargo, parece altamente improbable que cualquier presupuesto sea aprobado en este momento, ya que incluso si se presentara ahora, tendría una validez de apenas seis meses debido a la larga tramitación parlamentaria. De hecho, algunos miembros del gobierno han admitido que la aprobación es casi imposible. Por ejemplo, a finales de marzo, la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, aseguró que presentar un proyecto de presupuesto que no recibiera apoyo en el Congreso sería “una pérdida de tiempo,” a pesar de que la Constitución obliga a su presentación.
Alegría tuvo que retractarse de sus palabras poco después, y recientemente, el presidente Sánchez reafirmó el compromiso de España de presentar el presupuesto, prometiendo trabajar discretamente con los grupos parlamentarios para avanzar. Sin embargo, poco se ha movido desde entonces, y ni los aliados parlamentarios ni las fuentes gubernamentales muestran optimismo sobre que esto cambie.
El problema va más allá de los plazos. Las relaciones con Junts han sufrido varios sobresaltos en los últimos meses, aunque ahora se encuentran en un momento más estable. Sin embargo, la situación se complica por un cambio abrupto en la política de defensa, que ha generado fricciones con los socios de izquierda en el Congreso (ERC, EH Bildu, Podemos y BNG) y ha provocado tensiones internas en la coalición. La controversia por un contrato de adquisición de material militar a Israel ha obligado al Gobierno a dar marcha atrás y cancelar el acuerdo, pero los recelos dentro del Ejecutivo persisten. Presentar unos presupuestos reavivaría inevitablemente estas tensiones, ya que deberían incluir un aumento drástico de 10.000 millones de euros en el presupuesto de defensa para cumplir con el objetivo del 2% del PIB en gasto militar, cifra que Sumar rechaza.
Para evitar estos problemas, Sánchez ha maniobrado para evitar que su plan de rearme pase por el Congreso. A través de varios ajustes contables, el Ministerio de Hacienda ha logrado reunir 10.000 millones de euros de partidas ya asignadas en los Presupuestos de 2023, lo que le permitirá eludir la autorización del Congreso. Sánchez no solo quiere evitar el desgaste que supondría un debate parlamentario sobre su plan, sino que también teme que, si lo lleva al Congreso, solo podría conseguirlo con el PP, lo que pondría aún más distancia con sus aliados de izquierda.
El problema para Sánchez es que este escenario tan complejo no parece tener una solución clara. La Constitución establece que Hacienda debe presentar el proyecto de cuentas para 2026 antes del 1 de octubre de este año. Si lo hiciera, dicho presupuesto debería reflejar la inversión adicional en defensa ya anunciada, ya que la OTAN está considerando exigir a los países miembros un gasto militar equivalente al 3% del PIB, en lugar del 2% actual. Este escenario sería inasumible para IU, ERC, EH Bildu, Podemos o BNG, lo que deja el futuro presupuestario del Gobierno en una incertidumbre total.
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