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Macky Sall enfrenta acciones legales en Senegal por el mal manejo de las finanzas públicas
El ex presidente senegalés Macky Sall, quien dirigió el país entre 2012 y 2024, está por enfrentar procedimientos judiciales por “actos extremadamente graves” durante su administración, según el gobierno actual. Sall es acusado de ser responsable de los “números falsos” revelados en un reciente informe sobre las finanzas públicas.
Si se emprenden acciones legales, sería la primera vez en la historia de Senegal, desde su independencia en 1960, que un expresidente es procesado por su conducta durante su mandato. Senegal, nación de África Occidental, ex colonia francesa, es conocida por sus principios democráticos.
El país está bajo un nuevo gobierno desde abril, que promueve el pan-africanismo de izquierda, la soberanía y un cambio con respecto al sistema anterior.
Moustapha Ndjekk Sarré, portavoz del gobierno, declaró que Sall “inevitablemente” enfrentará la justicia, responsabilizándolo como el principal culpable de los graves actos cometidos. Sarré, quien también es Ministro de Formación Profesional, comparó a Sall con un “líder de banda” involucrado en actos criminales, indicando que no se puede evitar la acción legal.
Esto ocurre después de que Sall criticara un informe de la Corte de Cuentas publicado el 12 de febrero, que pone en duda la gestión de las finanzas públicas durante su administración. Sarré, en defensa de la Corte, destacó que es una de las instituciones más creíbles de la República y pidió a Sall que se disculpara.
Sarré subrayó que Sall fue el origen de la mala gestión descrita en los informes de auditoría. También destacó que, como expresidente, Sall tiene privilegios jurisdiccionales especiales, pero la judicatura independiente del país determinará si hubo irregularidades.
La Asamblea Nacional instaló recientemente la Alta Corte de Justicia, que podría juzgar al presidente o miembros del gobierno por “alta traición” al inicio de cada legislatura.
El informe de la Corte de Cuentas señaló que las discrepancias financieras y los fracasos en la gestión podrían constituir “mala gestión o delitos criminales”. La deuda nacional ahora representa el 99,67% del PIB, más alta que lo reportado por el régimen anterior, y el déficit presupuestario revisado para 2023 es del 12,3%, muy por encima del 4,9% anunciado.
Sall, que vive en Marruecos desde que dejó el cargo, rechazó rotundamente las acusaciones de falsificación financiera, calificándolas de motivadas políticamente. Insistió en que su administración operó de manera transparente con sus socios, y que la Corte de Cuentas siempre certificó las cuentas financieras del estado. Descartó las recientes afirmaciones como “ridículas.”
En septiembre, el gobierno senegalés acusó a la administración anterior de falsificar cifras relacionadas con la deuda nacional y el déficit presupuestario. Sall, sin temor a ser procesado, respondió: “Pueden perseguirme si quieren.”
El 13 de febrero, las nuevas autoridades de Senegal anunciaron la posibilidad de acciones legales contra los responsables de la mala gestión financiera revelada por la Corte de Cuentas. También propusieron la derogación de la ley de amnistía, que fue promulgada durante la presidencia de Sall y cubría la violencia política de 2021 a 2024. Esta ley fue aprobada en marzo antes de las elecciones presidenciales, que llevaron a Bassirou Diomaye Faye a la presidencia.
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