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Trump sanciona a jueces de la CPI por crímenes de guerra
La administración del expresidente Donald Trump ha impuesto sanciones a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), acusándolos de emprender acciones políticas ilegítimas contra Estados Unidos y sus aliados.
El secretario de Estado Marco Rubio emitió un comunicado en el que criticó con dureza a la CPI, afirmando que el tribunal se atribuye falsamente la autoridad para investigar y juzgar a ciudadanos estadounidenses y aliados, lo que consideró una amenaza a la soberanía y seguridad nacional, especialmente de Estados Unidos e Israel.
Los jueces sancionados son Solomy Balungi Bossa (Uganda), Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú), Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou (Benín) y Beti Hohler (Eslovenia). Las sanciones implican el congelamiento de sus bienes en EE. UU. y la prohibición para ciudadanos y entidades estadounidenses de realizar transacciones con ellos.
La CPI respondió defendiendo la independencia de sus jueces y condenando la decisión estadounidense, señalando que estas medidas buscan debilitar una institución judicial internacional respaldada por 125 Estados parte. Añadió que estas acciones no ayudan a proteger a los civiles atrapados en conflictos, sino que fomentan la impunidad.
Según el Departamento de Estado, los jueces Bossa e Ibáñez Carranza fueron sancionados por autorizar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses y agentes de la CIA en Afganistán. Aunque inicialmente la CPI rechazó investigar, posteriormente lo autorizó, ya que Afganistán es miembro del Estatuto de Roma, lo que otorga jurisdicción al tribunal.
Por otro lado, Alapini Gansou y Hohler fueron sancionadas por su participación en los procesos que llevaron a órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra en Gaza, incluidos ataques intencionados contra civiles. Organismos de derechos humanos y expertos de la ONU han comparado estas acciones con un genocidio.
Trump, crítico de larga data de la CPI, sostiene que ni Estados Unidos ni Israel están bajo su jurisdicción por no formar parte del Estatuto de Roma. Desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, emitió una orden ejecutiva que sanciona a cualquier persona implicada en investigaciones del tribunal, especialmente tras las órdenes de arresto relacionadas con Gaza.
Bajo esta orden, Estados Unidos también sancionó al fiscal de la CPI Karim Khan, quien promovió las órdenes de detención, lo que ralentizó la investigación. Khan renunció más tarde tras enfrentar denuncias de conducta inapropiada.
Estas acciones se suman a una larga campaña contra la CPI iniciada en el primer mandato de Trump. Críticos advierten que este tipo de presiones puede debilitar gravemente a la corte, afectando su capacidad para hacer cumplir el derecho internacional y garantizar la rendición de cuentas por crímenes graves.
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