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Ex-primer ministro de Pakistán Imran Khan y su esposa sentenciados en caso de corrupción
El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, fue sentenciado a 14 años de prisión el viernes, mientras que su esposa, Bushra Bibi, recibió una sentencia de siete años en un caso de corrupción relacionado con el Proyecto Trust de la Universidad Al-Qadir. Khan también fue multado con 1 millón de rupias pakistaníes ($3,500), y Bibi recibió una multa de la mitad de esa cantidad. La sentencia fue emitida por un tribunal de responsabilidad en Rawalpindi, donde Khan ha estado detenido desde agosto de 2023. La decisión se había pospuesto varias veces, y Khan acusó los retrasos de ser un intento de presionarlo.
Este es el cuarto caso importante en el que Khan ha sido condenado, habiendo enfrentado anteriormente cargos en tres casos relacionados con la venta de regalos estatales, filtración de secretos oficiales y matrimonio ilegal. Estas condenas previas fueron anuladas o suspendidas, pero Khan sigue en prisión, enfrentando otros cargos que él considera políticamente motivados.
Khan fue arrestado inicialmente en mayo de 2023 en relación con el caso del Trust Al-Qadir, lo que desató protestas en todo el país. El abogado de Khan condenó la sentencia, alegando que la Oficina Nacional de Responsabilidad (NAB) no pudo demostrar pérdidas financieras ni vínculos con ganancias personales a través del trust. También argumentó que el caso estaba motivado políticamente, señalando que la creación de un trust no debería considerarse un conflicto de interés.
El caso se centró en las acusaciones de que Khan y su esposa utilizaron su posición para adquirir tierras para el Trust Al-Qadir, presuntamente involucrado en lavado de dinero a través del magnate inmobiliario Malik Riaz. La NAB alegó que Khan, durante su tiempo como primer ministro, facilitó el lavado de más de $239 millones por parte de Riaz, lo que causó pérdidas significativas al tesoro nacional.
Las acusaciones coincidieron con las conversaciones en curso entre el partido de Khan, el Tehreek-e-Insaaf de Pakistán (PTI), y el gobierno actual del primer ministro Shehbaz Sharif. Los expertos legales señalaron que el caso involucró más de 100 audiencias y se centró principalmente en el lavado de dinero. A pesar de los procedimientos legales, los analistas políticos temen que la condena pueda descarrilar las negociaciones entre el PTI y el gobierno, que ya enfrentan divisiones internas.
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