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Repensando el derecho internacional para un sistema global más justo
La inmunidad excepcional otorgada a Israel ha colocado el derecho internacional y sus instituciones en una situación precaria. Israel ha desafiado repetidamente a las Naciones Unidas (ONU), matando a trabajadores de la ONU, prohibiendo a la UNRWA y bloqueando la entrada de representantes de la ONU. Además, ha socavado la justicia internacional al presionar a la Corte Penal Internacional (CPI) para evitar investigar los crímenes israelíes mediante amenaz+as, sanciones y difamación. Estas acciones se intensificaron después de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra los líderes israelíes. Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Trump, apoyó las acciones de Israel imponiendo sanciones al personal de la CPI, socavando aún más el multilateralismo y el derecho internacional.
A pesar de la creación de la ONU en 1945 con el propósito de promover la paz y prevenir la guerra, ha fallado en prevenir numerosos conflictos, favoreciendo a los estados económicamente poderosos y las guerras por poder en antiguas colonias. El orden global establecido por la ONU ha conducido a una "paz para algunos", pero no ha logrado brindar justicia para todos. Este fracaso exige la necesidad de un sistema jurídico internacional alternativo que defienda la justicia para todas las naciones, no solo para las poderosas.
Un nuevo enfoque del derecho internacional ha sido propuesto por juristas como Alejandro Álvarez, quien abogó por un "nuevo derecho internacional" que aborde las realidades históricas y geopolíticas del Sur Global. Esta idea fue apoyada por los movimientos de descolonización, pero fue sofocada por el poder económico de los estados avanzados. Sin embargo, los desafíos globales actuales—como el cambio climático, la militarización y la injusticia—exigen la renovación de tales esfuerzos.
El genocidio en Gaza es un recordatorio claro de los fracasos del sistema global. Una petición firmada por 500 académicos del derecho pidió la expulsión de Israel de la Asamblea General de la ONU, citando la necesidad de preservar la legitimidad de la ONU. En respuesta, el Congreso de EE.UU. amenazó con retirar el financiamiento de la ONU, lo que socava aún más la autoridad de la institución.
Si EE.UU. sigue adelante con esta amenaza, podría ser el momento de reubicar la sede de la ONU fuera de los EE.UU., posiblemente en el Sur Global, lo que fortalecería el apoyo a la ONU, reduciría los costos y garantizaría una participación más justa. Además, desmantelar instituciones como el Consejo de Seguridad de la ONU, el FMI y el Banco Mundial—históricamente vinculadas al poder imperial—permitiría un sistema más equitativo.
Los desafíos actuales, como el cambio climático y el neocolonialismo, exigen una urgente reimaginación del derecho internacional. Los movimientos progresistas a nivel mundial, incluidos los de las naciones insulares del Pacífico, ya están desafiando las limitaciones del derecho internacional actual. En respuesta, coaliciones como Progressive International están impulsando un nuevo orden económico internacional. Para que ocurra un cambio real, las voces del Sur Global deben unirse, abogando por un sistema global basado en la justicia en lugar de en el poder.
El momento actual exige que ya no aceptemos el statu quo. Debemos sentar las bases para un nuevo marco jurídico internacional, uno que priorice la justicia sobre el poder.
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