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Cierres de grupos educativos en Cataluña: Una reordenación controvertida
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, defendió recientemente la decisión de cerrar grupos educativos para el próximo curso, calificándola como una "reordenación" debido a la disminución proyectada de 30.000 alumnos en la región, a raíz de la caída de la natalidad. Illa subrayó que la educación pública sigue siendo una prioridad máxima para su gobierno, insistiendo en que no se cerrarán escuelas públicas. Argumentó que la reducción de alumnos requiere un ajuste en la oferta educativa sin cerrar ninguna institución pública.
Illa respondió a las preguntas de Jéssica Albiach sobre el cierre de 111 líneas escolares públicas y la apertura de 21 líneas en instituciones privadas. Albiach, del partido Comuns, criticó el enfoque del gobierno, instando a reconsiderar su postura, afirmando que la crisis educativa no se resolverá a través de acuerdos con la OCDE y que se debe priorizar una reducción radical de las ratios, junto con escuchar a los profesionales y las familias.
El presidente detalló que el plan de reordenación dará lugar a una ratio de 19 alumnos, una mejora significativa con respecto a los 25 habituales. También destacó que el proceso siguió una extensa consulta, con 225 reuniones celebradas con varios municipios. Sin embargo, Albiach criticó la falta de conversaciones con los alcaldes clave de Barcelona, incluidos algunos de su propio partido.
Laia Estrada, diputada de la CUP, también criticó las políticas de Illa, calificándolas de similares a las de los partidos de derecha y acusando al gobierno de clasismo en el sistema educativo. También señaló los desafíos que enfrentan otros servicios públicos, como la sanidad y el transporte. Illa respondió destacando la inversión pública aumentada en salud y transporte público, así como la creación de 7.500 nuevas plazas de formación profesional.
Mientras tanto, se produjeron protestas en el Parlament, con manifestantes expresando su oposición al cierre de grupos educativos públicos. La consejera de Educación, Esther Niubó, defendió los criterios de planificación educativa del gobierno, destacando que el enfoque principal es preservar la educación pública, mejorar la calidad y reducir las ratios. Aseguró que, a diferencia de administraciones anteriores, el gobierno actual está trabajando para lograr una ratio de 19 e incluso 17 alumnos por clase, y sostuvo que no están desmantelando la educación pública.
También se organizaron protestas en varias ciudades catalanas, con la plataforma 'La Pública, l'Escola de Tothom' organizando manifestaciones contra el cierre de líneas escolares públicas. Educadores y representantes de la comunidad educativa se oponen particularmente a los cambios propuestos, incluida la fusión de asignaturas de ciencias en Bachillerato, lo que ha generado una fuerte resistencia de educadores y estudiantes.
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