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Las 16 leyes de Feijóo bloqueadas en el Congreso por retrasos
Desde que el Partido Popular (PP) obtuvo la mayoría absoluta en el Senado tras las elecciones generales de 2023, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, ha logrado aprobar 22 leyes, la mayoría con el apoyo de los socios del gobierno. Sin embargo, 16 de estas leyes se encuentran atrapadas en un limbo legislativo, bloqueadas entre la Cámara Alta y la Cámara Baja, donde aún deben ser aprobadas definitivamente. El PP denuncia que la Mesa del Congreso, controlada mayoritariamente por el PSOE y Sumar, está "secuestrando" estas leyes mediante prórrogas que prolongan su vida parlamentaria de manera indefinida. La oposición asegura que la presidenta Francina Armengol está bloqueando estas iniciativas, lo que también podría ocurrir con otras seis leyes aprobadas recientemente.
Alicia García, portavoz del PP en el Senado, acusa a Armengol de evitar políticas que beneficiarían a los ciudadanos, sugiriendo que, de desbloquearse las leyes, se resolverían problemas como la ocupación ilegal, reducción de impuestos y un Estado de derecho más fuerte. Además, sostiene que las acciones de Armengol responden a motivaciones políticas, evitando derrotas para el Gobierno, que podría verse obligado a contar con el apoyo o abstención de los grupos opositores.
Por ejemplo, dos de las primeras leyes aprobadas en el Senado en noviembre de 2023 han sido prorrogadas más de 40 veces en el Congreso. Una de ellas amplía el IVA reducido a servicios como peluquería y estética, además de reducir el IVA a los pañales. A pesar del apoyo de varios grupos políticos, sigue estancada en la Cámara Baja. Otra ley propone la asimilación legal de la valoración de las situaciones de dependencia de las personas con discapacidad, también detenida.
De las 22 iniciativas, cinco son leyes orgánicas, que requieren una mayoría reforzada en el Congreso para su aprobación definitiva. El PP pone el foco en estas leyes, ya que afectan a derechos protegidos por la Constitución. Un ejemplo es la ley contra la ocupación ilegal, aprobada en febrero de 2024 con el apoyo del PP, Vox y UPN, y la abstención de otros partidos, lo que sugiere que podría pasar si se debate. Igualmente, se ha propuesto el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, iniciativa apoyada por 244 senadores.
La oposición cree que algunas leyes podrían avanzar si no se prorrogara el periodo de enmiendas, aunque admiten que su reforma del Código Penal podría fracasar si se repitiera la votación, debido a la falta de apoyo del PSOE y partidos más pequeños. También queda en duda la propuesta de ley sobre la ayuda militar al extranjero, con la abstención de los principales socios del Gobierno.
A pesar de estos obstáculos, el PP defiende que su enfoque legislativo es más práctico y centrado en los ciudadanos, contrastando con el modelo partidista del primer ministro Sánchez, acusando a Armengol de anteponer los intereses de Sánchez a los de los españoles.
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