La ley de expropiación de tierras en Sudáfrica y el conflicto con Trump
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, se reunirá este miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, con el objetivo de restablecer unas relaciones bilaterales que se han deteriorado en los últimos tiempos.
Uno de los principales puntos de fricción entre ambos líderes es la reciente aprobación en Sudáfrica de una ley de expropiación de tierras, criticada por Trump como una forma de “persecución” contra la minoría blanca adinerada del país. La administración Trump incluso ha recibido al primer grupo de “refugiados” blancos sudafricanos como parte de un plan de reubicación, pese a que el gobierno sudafricano niega rotundamente la existencia de persecución o de un supuesto “genocidio blanco”.
¿En qué consiste la Ley de Expropiación?
El presidente Ramaphosa promulgó en enero la Ley de Expropiación tras meses de intensos debates parlamentarios. El principal opositor fue el partido Alianza Democrática (DA), que forma parte del gobierno de coalición y es identificado comúnmente con los intereses de la población blanca y afrikáner.
La ley permite al gobierno expropiar tierras de propietarios privados sin importar su raza para fines de interés público, como proyectos de infraestructura, conservación ambiental, reforma agraria, expansión de servicios públicos o distribución equitativa de recursos. Aunque la ley contempla una compensación justa, también permite la expropiación sin indemnización en ciertos casos.
Esta normativa sustituye a la Ley de Expropiación de 1975, heredada del apartheid y ampliamente criticada por su ambigüedad legal y por no establecer criterios claros de compensación.
Sin embargo, algunos grupos afrikáners han expresado temor a que la ley dé lugar a confiscaciones forzosas e incluso violentas, afectando negativamente al valor de las propiedades. Estas inquietudes han sido respaldadas por la DA.
Los afrikáners blancos, descendientes principalmente de colonizadores holandeses, mantuvieron el poder político hasta el fin del apartheid en 1990. Aunque representan solo el 7% de la población, aún poseen aproximadamente el 70% de la tierra en Sudáfrica. En contraste, más de la mitad de la población negra vive en condiciones de pobreza y con acceso limitado a la tierra.
El gobierno sostiene que la nueva ley busca corregir desigualdades históricas mediante la redistribución de tierras a grupos tradicionalmente marginados, como personas negras, mujeres y personas con discapacidad. En un comunicado emitido en febrero, la oficina presidencial afirmó que no se trata de una herramienta de confiscación, sino de un proceso legal y constitucional para garantizar el acceso equitativo a la tierra.
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