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Un informe parlamentario propone la denuncia del acuerdo franco-argelino de 1968
El documento, elaborado por los diputados oficialistas Mathieu Lefèvre, recién nombrado ministro delegado de Transición Ecológica, y Charles Rodwell, recomienda eliminar el estatuto especial que regula los derechos de residencia, empleo, circulación y protección social de los argelinos en Francia.
Según los autores, este régimen “crea una ruptura de igualdad que debilita el orden jurídico francés y genera un coste importante para las finanzas públicas”, estimado en unos 2.000 millones de euros, aunque reconocen que las cifras son imprecisas.
Firmado seis años después del final de la guerra de Argelia (1954-1962), el acuerdo fue concebido para facilitar la llegada de mano de obra argelina a Francia. Permite a los nacionales de Argelia obtener permisos de residencia de diez años mediante procedimientos simplificados, así como a sus familiares en casos de reagrupación familiar.
Los diputados consideran que estas disposiciones crean una discriminación entre extranjeros y que el texto carece de reciprocidad, asemejándose más a una “declaración unilateral de Francia” que a un verdadero acuerdo bilateral.
También subrayan que la denuncia del acuerdo podría realizarse sin un enfrentamiento directo con Argelia.
La propuesta surge en un contexto de tensiones diplomáticas entre París y Argel, acentuadas desde que Francia reconoció en 2024 el plan de autonomía marroquí para el Sáhara. Los argelinos son la comunidad extranjera más numerosa en Francia, con cerca de 650.000 residentes y el mayor número de detenciones en situación irregular en 2024.