Trump planea ofensiva terrestre contra carteles venezolanos

El presidente Donald Trump ha señalado que Estados Unidos se prepara para ampliar su campaña contra las redes de narcotráfico venezolanas del mar a tierra, al anunciar que las operaciones terrestres comenzarán “muy pronto”. Este anuncio, realizado durante una videollamada de Acción de Gracias con tropas estadounidenses desplegadas, marca una escalada clara de una estrategia que hasta ahora se ha basado en ataques marítimos y aéreos contra cargamentos sospechosos de drogas que salen de Venezuela. Para analistas de políticas públicas, diplomáticos y expertos en seguridad, la medida plantea preguntas urgentes sobre la base jurídica, la estabilidad regional y el riesgo de una confrontación más amplia con Caracas y sus aliados.

Washington ha presentado las futuras operaciones terrestres como el siguiente paso lógico tras varios meses de intensificación militar en el mar, que según funcionarios estadounidenses ha perturbado seriamente las rutas de tráfico. Voces de la Administración afirman que las labores de interdicción en aguas del Caribe han reducido de forma significativa el volumen de drogas que llega a los mercados internacionales, lo que ha llevado a los traficantes a adaptarse y diversificar sus corredores terrestres. Trump, al dirigirse a los efectivos implicados en la misión, elogió su papel a la hora de reducir los flujos marítimos y advirtió de que quienes operan en tierra se enfrentarán ahora a acciones directas de Estados Unidos. El tono del presidente subrayó su determinación de mantener la presión sobre las redes venezolanas a las que acusa de “enviar veneno” al exterior.

El despliegue militar en torno a Venezuela se ha ampliado hasta niveles que muchos observadores comparan con los momentos más tensos de la Guerra Fría, con una fuerte presencia naval estadounidense y bombarderos de largo alcance volando cerca del espacio aéreo venezolano. La presencia de un grupo de ataque con portaaviones de última generación y buques de apoyo en el Caribe se ha interpretado, por parte de analistas de defensa, como una demostración de fuerza y como un mensaje de que Washington está preparado para un abanico más amplio de contingencias. Altos cargos del Pentágono han descrito públicamente la misión como un esfuerzo por desmantelar estructuras “narcoterroristas”, mientras informan discretamente a legisladores sobre las opciones y límites operativos en caso de que las fuerzas estadounidenses crucen a territorio venezolano o actúen directamente en su entorno. Esta combinación de retórica contundente y dudas jurídicas ha intensificado el debate en Washington sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno.

En Caracas, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado el incremento militar estadounidense como la antesala de un cambio de régimen y ha ordenado una movilización a gran escala de las fuerzas venezolanas en respuesta. Las autoridades han colocado al país en máxima alerta, organizando maniobras de gran visibilidad y asegurando que las fuerzas armadas están listas para repeler cualquier incursión extranjera. Los responsables venezolanos sostienen que la campaña estadounidense está politizada y que busca aumentar la presión externa sobre Maduro en lugar de abordar las causas estructurales del narcotráfico. La dura respuesta del Gobierno se ha acompañado de gestiones diplomáticas hacia capitales afines, reforzando el relato de que Venezuela se defiende de una agresión externa y no de acusaciones vinculadas a redes criminales.

La dimensión internacional de la crisis se ha profundizado a medida que las grandes potencias toman partido. Rusia y China han reiterado su apoyo al Gobierno de Maduro, describiendo las acciones de Estados Unidos como desestabilizadoras y advirtiendo contra medidas militares unilaterales en América Latina. Su respaldo, por ahora principalmente político y económico, refuerza la percepción de que Venezuela se ha convertido en un punto de fricción dentro de una contienda geopolítica más amplia. Los gobiernos de la región, por su parte, se muestran divididos: algunos consideran la iniciativa estadounidense como un golpe necesario contra los carteles transnacionales, mientras que otros temen que cualquier operación terrestre pueda desbordar fronteras, alterar el comercio y avivar tensiones internas. Para los países vecinos, ya sometidos a presiones migratorias y fragilidad económica, la perspectiva de una escalada resulta especialmente inquietante.

Más allá de la dimensión militar, el escenario jurídico y diplomático sigue siendo complejo. Funcionarios estadounidenses han avanzado en la clasificación de partes del aparato estatal venezolano, incluidas estructuras ligadas al denominado Cartel de los Soles, en términos cercanos a organizaciones terroristas, lo que abre la puerta a sanciones financieras y medidas judiciales más severas. Expertos en derecho subrayan que estas designaciones no autorizan automáticamente ataques militares transfronterizos, dejando una zona gris entre la presión económica y la acción armada. Organizaciones de derechos humanos y entidades regionales han advertido de que cualquier campaña terrestre deberá ajustarse plenamente al derecho internacional y minimizar el impacto sobre la población civil que vive a lo largo de los corredores del narcotráfico. Para los profesionales que siguen las tendencias de seguridad internacional, las próximas semanas pondrán a prueba la capacidad de Washington para contener la confrontación dentro de un marco de lucha antidroga o, por el contrario, si el pulso contra los traficantes venezolanos desencadena un choque geopolítico de mayor alcance.