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Putin autoriza la confiscación de viviendas ucranianas en territorios ocupados
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha firmado una nueva ley que permite a las autoridades en las regiones ucranianas ocupadas por Rusia confiscar propiedades residenciales clasificadas como “sin dueño” hasta 2030. La medida se aplica a los territorios de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, que Moscú declaró anexionados unilateralmente a pesar de la condena internacional.
Según la legislación, las administraciones de ocupación pueden incautar casas, apartamentos y otras viviendas consideradas abandonadas o sin documentación de propiedad adecuada. La ausencia de escrituras o pruebas de posesión ya no impedirá dichas confiscaciones, que podrán justificarse con base en criterios administrativos definidos por organismos rusos como Rosreestr y Rosimushchestvo.
Las autoridades afirmaron que las propiedades recuperadas podrán reasignarse a ciudadanos rusos que hayan perdido sus hogares a causa del conflicto o a empleados del sector público como militares, maestros y personal sanitario. La ley también permite transferir las viviendas confiscadas al Fondo Ruso de Desarrollo Territorial, el cual podrá venderlas o arrendarlas sin subastas públicas. El viceprimer ministro Marat Khusnullin fue designado para supervisar el proceso, mientras que Ilshat Shagiakhmetov, su antiguo secretario gubernamental, ha sido nombrado director del fondo.
Las organizaciones internacionales y los grupos de derechos humanos han condenado la legislación como una flagrante violación del derecho internacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que miles de viviendas ya han sido tomadas mediante esquemas similares, calificando la medida como una violación de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe la confiscación de bienes privados en territorios ocupados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania denunció la decisión como parte de la campaña de Rusia para afianzar su control sobre los territorios ocupados ilegalmente y declaró que todas estas medidas serán anuladas una vez que las regiones sean liberadas.
Los observadores de derechos humanos advierten que millones de ucranianos desplazados podrían perder permanentemente sus propiedades. Según las conclusiones recientes, la compensación por las viviendas confiscadas solo estará disponible para quienes acepten la ciudadanía rusa, lo que en la práctica presiona a los residentes a renunciar a su identidad ucraniana a cambio de una protección legal limitada.
