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EE. UU. confisca avión del gobierno venezolano en la República Dominicana
El gobierno de Estados Unidos ha incautado un segundo avión vinculado a la administración del presidente venezolano Nicolás Maduro, actualmente ubicado en la República Dominicana.
Durante su visita a Santo Domingo como parte de una gira por cinco países de América Latina, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, presenció la ejecución de la incautación cuando las autoridades colocaron la orden de embargo en la aeronave.
El procedimiento requirió que Rubio aprobara una exención para desbloquear fondos de ayuda extranjera congelados por el expresidente Donald Trump, lo que permitió el pago de más de 230.000 dólares en gastos de almacenamiento y mantenimiento, según un documento del Departamento de Estado. Además, el Departamento de Justicia de EE.UU. autorizó la confiscación, alegando que el avión había sido utilizado por una empresa estatal venezolana de petróleo y gas sancionada por Washington. Investigaciones revelaron que la aeronave fue adquirida en EE.UU. en 2017, enviada a Venezuela y mantenida con piezas de fabricación estadounidense.
El avión, un Dassault Falcon 200, ha sido utilizado por Maduro y altos funcionarios, incluidos su vicepresidente y ministro de Defensa, para viajes internacionales. Los destinos han incluido Grecia, Turquía, Rusia y Cuba, rutas que, según Washington, violan las sanciones estadounidenses.
Esta confiscación se produce después de la incautación de otro avión del gobierno venezolano en septiembre de 2024. En ese entonces, las autoridades estadounidenses revelaron que allegados a Maduro ocultaron su participación en la compra de un Dassault Falcon 900EX, valorado en 13 millones de dólares, a través de una empresa fantasma en el Caribe entre finales de 2022 y principios de 2023.
La acción también coincide con recientes gestiones diplomáticas, incluida una visita a Caracas del enviado especial estadounidense Richard Grenell para negociar la repatriación de migrantes venezolanos que ingresaron ilegalmente a EE.UU. Grenell regresó con seis ciudadanos estadounidenses que habían estado detenidos en Venezuela.
En otro tema diplomático, Rubio abordó la controversia sobre las tarifas de tránsito para buques de guerra de EE.UU. en el Canal de Panamá. Señaló que Panamá, como nación democrática, debe seguir sus procesos legales, a pesar de las declaraciones previas del Departamento de Estado que indicaban un acuerdo para eliminar dichas tarifas. Posteriormente, el presidente panameño José Raúl Mulino aclaró que no tiene la autoridad para fijar ni eximir esos pagos, contradiciendo las afirmaciones iniciales de Washington.
La disputa resalta las tensiones en torno a esta vía estratégica, con el expresidente Trump manifestando preocupación por la influencia china en la región y sugiriendo que EE.UU. podría reconsiderar su postura sobre el canal si Panamá no impone estrictas restricciones a la participación extranjera. Rubio argumentó que resulta ilógico que EE.UU. deba pagar tarifas de tránsito por una zona que, en caso de conflicto, está obligado a proteger por tratado.
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