La administración Trump apunta a funcionarios corruptos que colaboran con los cárteles de la droga

La administración de Donald Trump ha lanzado una nueva fase en su lucha contra el crimen organizado, centrada en funcionarios extranjeros corruptos que colaboran con cárteles de la droga y en el desmantelamiento de sus redes financieras. Esta estrategia, anunciada por el fiscal general adjunto de EE.UU., Todd Blanche, busca priorizar investigaciones bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) sobre casos de soborno y lavado de dinero vinculados a organizaciones criminales transnacionales.

El movimiento sigue a la controvertida designación de seis cárteles mexicanos —incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— como organizaciones terroristas, otorgando a Washington mayores poderes para atacar sus infraestructuras financieras y operativas. Este enfoque renovado indica un cambio hacia la rendición de cuentas no solo de los líderes de los cárteles sino también de los funcionarios cómplices, lo que podría presionar a México y a otros países a tomar medidas más contundentes contra la corrupción vinculada a estas redes criminales.

Un enfoque renovado: combatir el crimen de cuello blanco asociado a los cárteles

En un memorando emitido el 9 de junio, Blanche delineó las condiciones para lanzar investigaciones bajo la FCPA, destacando casos vinculados al soborno relacionado con cárteles, el uso de empresas fachada para lavar fondos o la participación de empleados estatales o funcionarios extranjeros que reciban sobornos de los cárteles. El documento argumenta que los cárteles desestabilizan economías, erosionan el estado de derecho y obstaculizan el crecimiento económico, lo que exige un esfuerzo sostenido para desmantelar sus sistemas de apoyo.

La declaración de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ha ampliado la autoridad de EE.UU. para atacar sus operaciones, incluidas las redes financieras. Esta designación ha generado críticas por su posible impacto en la soberanía mexicana, ya que otorga a EE.UU. una justificación más amplia para la intervención directa.

Implicaciones para México

Aunque la estrategia no se dirige exclusivamente a México, su impacto en el país será significativo. Con seis cárteles mexicanos designados como terroristas, las investigaciones bajo la FCPA probablemente involucren casos relacionados con funcionarios públicos, corporaciones y entidades financieras mexicanas.

Expertos legales como Estefanía Medina, de la organización Tojil, señalan que aunque la política es global, el protagonismo de México en la actividad de los cárteles lo convierte en un foco práctico. “Si los cárteles son una prioridad y seis de ellos son mexicanos, es inevitable que las investigaciones involucren a México. Pero esto no necesariamente envía un mensaje deliberado,” afirmó Medina.

Informes sugieren que Washington ha instado al gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a investigar y extraditar a políticos relacionados con los cárteles, incluidos miembros del partido Morena. Aunque el gobierno de Sheinbaum niega haber recibido solicitudes formales, medios como Reuters y ProPublica informan que la administración Trump está preparando una lista de políticos mexicanos con presuntos vínculos con la corrupción y el narcotráfico.

Herramientas reforzadas contra la corrupción

La estrategia ampliada de la administración no solo busca combatir el tráfico de drogas, sino también abordar los mecanismos financieros que sostienen el crimen organizado. Al apuntar a funcionarios corruptos y empresas que facilitan el lavado de dinero, Washington pretende debilitar las operaciones de los cárteles y reducir su influencia.

Mientras la administración Sheinbaum niega que sea incapaz de enfrentar a los cárteles, Trump ha criticado repetidamente al gobierno mexicano por, según él, ceder grandes áreas del territorio a grupos criminales. Con esta nueva política, EE.UU. intensifica la presión para que México tome medidas más decisivas contra la narcopolítica y la corrupción.