Venezuela concede amnistía a 379 presos políticos en plena transición
La justicia venezolana aprobó la liberación y amnistía de 379 presos políticos, en un contexto de transición política que ha captado la atención de la comunidad internacional.
La medida se produce tras la aprobación de una ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional, impulsada por el parlamentario Jorge Arreaza. Las autoridades informaron que los tribunales comenzaron a tramitar los procedimientos necesarios para ejecutar las excarcelaciones en los días siguientes a la promulgación del texto.
El anuncio llega después de que la presidenta interina Delcy Rodríguez prometiera reformas destinadas a reducir la tensión política tras la salida del poder del exmandatario Nicolás Maduro a comienzos de año. El proceso ha estado marcado por presiones diplomáticas y una intensa atención internacional.
Aunque el gobierno presenta la amnistía como un gesto de reconciliación, expertos y organizaciones de derechos humanos han cuestionado su alcance. La ONG Foro Penal subrayó que la aplicación de la ley no es automática y que cientos de detenidos podrían quedar excluidos. Algunos casos vinculados a acusaciones graves, incluidos miembros de fuerzas de seguridad, no estarían cubiertos por la normativa.
Familiares de detenidos se congregaron en las inmediaciones de varios centros penitenciarios, manifestando esperanza pero también prudencia ante el anuncio. Para muchos, la medida representa una oportunidad de reunificación tras años de incertidumbre política.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó la ley como una señal de madurez institucional. Por su parte, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado, pidió profundizar las garantías democráticas. Desde el exilio en España, Edmundo González Urrutia afirmó que no puede haber reconciliación duradera sin memoria y reformas estructurales.
La amnistía se inscribe en un proceso más amplio de ajustes políticos, económicos y diplomáticos. Su impacto real dependerá de la implementación efectiva y de la capacidad de las instituciones para avanzar hacia una estabilidad sostenible.
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