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Trump envía 700 marines a Los Ángeles y duplica el número de la Guardia Nacional
En una medida significativa, el Pentágono anunció el despliegue de 700 marines en Los Ángeles, intensificando la respuesta del presidente Donald Trump a las protestas contra las políticas de inmigración. Esta decisión sigue al envío previo de tropas de la Guardia Nacional a la ciudad, una acción que ha generado fuertes críticas por parte de las autoridades californianas.
El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó además la movilización de 2,000 efectivos adicionales de la Guardia Nacional, elevando considerablemente la intervención federal en manifestaciones que han sido, hasta ahora, pacíficas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, junto con el fiscal general Rob Bonta, presentó una demanda legal contra la medida, alegando que Trump violó la Constitución al desplegar fuerzas militares sin el consentimiento estatal. Newsom calificó la acción de innecesaria, alarmante y como una forma de apropiación del control de la milicia estatal.
Aunque Trump no ha invocado la Ley de Insurrección de 1807 que permitiría a las fuerzas armadas participar en tareas de seguridad interna , un alto funcionario aclaró que los marines solo apoyarían a la Guardia Nacional y no interactuarían directamente con los manifestantes.
Periodistas en el terreno, como Rob Reynolds de Al Jazeera, señalaron que la Guardia Nacional tuvo una presencia limitada, resguardando edificios federales sin intervenir en las protestas. La llegada de marines normalmente desplegados en operaciones militares internacionales generó interrogantes sobre el propósito real de su envío.
Las acciones del gobierno de Trump han encendido las alarmas entre activistas de derechos civiles y sindicatos. Las protestas continuaron en ciudades como Los Ángeles y Nueva York, en rechazo a las redadas del ICE y a una nueva prohibición de viajes que afecta a ciudadanos de 12 países.
La líder indígena Perla Ríos, al hablar frente a uno de los lugares allanados, pidió respeto al debido proceso y asistencia legal para los detenidos, describiendo la situación como una “pesadilla” para las familias. El sindicato SEIU también exigió la liberación de los arrestados y el fin de las políticas migratorias que, según ellos, están desintegrando a las comunidades en todo el país.