Investigación sobre el colapso de la red eléctrica de España: Datos clave revelados

Red Eléctrica de España (REE) ha entregado a la Comisión de Investigación sobre la crisis eléctrica todos los datos solicitados, incluidos los registros de la “caja negra”, un dispositivo de memoria avanzada que registra millones de datos sobre el comportamiento de la red nacional durante el apagón generalizado del 28 de abril. Este avance clave se produce mientras continúan las discusiones técnicas entre Redeia, la empresa matriz de REE, y los altos representantes de los ministerios correspondientes.

El 29 de abril, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que agrupa a más de 800 entidades del sector solar, negó rotundamente cualquier responsabilidad de las instalaciones fotovoltaicas en el fallo del sistema. UNEF destacó que las plantas solares siguieron estrictamente las programaciones establecidas y fueron "desconectadas involuntariamente". También subrayaron el comportamiento impecable de los sistemas autónomos en modo insular, que operaron de forma continua e independiente de la red, demostrando la madurez tecnológica alcanzada por este segmento del sector.

UNEF insta a las autoridades a acelerar la adopción del procedimiento de explotación 7.4, que permitiría a las instalaciones renovables intervenir directamente en variables estructurales de la red, como la tensión y la potencia reactiva. La asociación también pide intensificar el despliegue de sistemas de almacenamiento energético y la implementación de proyectos híbridos, combinando energía solar y otras tecnologías, para asegurar la continuidad del servicio en situaciones extremas.

Según la cronología publicada por REE, la restauración progresiva del suministro eléctrico se realizó de la siguiente manera: a las 17 horas del 28 de abril, el suministro se había restablecido en Cataluña, Aragón, Galicia, País Vasco, La Rioja, Asturias, Navarra, Extremadura, Castilla y León y Andalucía. Una hora después, la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha recuperaron también el suministro. A las 4 de la mañana del 29 de abril, todas las subestaciones nacionales estaban operativas, y a las 7 de la mañana, la demanda estaba satisfecha al 99,95%.

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, y Roberto García Merino, su director general, se reunieron con Joan Groizard, secretario de Estado de Energía, y Antonio Hernando, secretario de Telecomunicaciones. En un breve comunicado, Red Eléctrica destacó la “colaboración decisiva entre administraciones y operadores”.

La famosa caja negra entregada a la Comisión contiene un archivo integral de los flujos energéticos, las interconexiones internacionales y las respuestas automáticas activadas durante el desequilibrio, ofreciendo así un panorama de una precisión sin precedentes sobre el estado de la red. También incluye los datos de los sistemas secundarios de REE, asegurando un control de coherencia global.

Manuel García, director general de política energética y minera, declaró que los trabajos de la Comisión buscarán "identificar sin demora las vulnerabilidades sistémicas y revisar los protocolos de respuesta". Los primeros elementos parecen excluir cualquier intervención maliciosa externa, privilegiando un desequilibrio interno entre oferta y demanda, amplificado por fallos en cadena.

La coordinación transfronteriza desempeñó un papel fundamental en la estabilización: las interconexiones con Francia y Marruecos, así como el reinicio autónomo de centrales hidroeléctricas, permitieron restablecer la continuidad en tiempo récord.

La Comisión de Investigación, compuesta por expertos independientes y representantes de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), se ha comprometido a entregar un informe preliminar en quince días. Mientras tanto, el gobierno examina diversas medidas preventivas, entre ellas la revisión de las infraestructuras críticas y el aumento significativo de las capacidades de almacenamiento.

No se han registrado daños personales, pero las primeras estimaciones de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) calculan las pérdidas económicas en más de 200 millones de euros, especialmente en los sectores industrial y comercial.