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Sudán acusa a los EAU de complicidad en genocidio contra la comunidad Masalit
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha confirmado que Sudán ha iniciado procedimientos legales contra los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por acusaciones de complicidad en genocidio contra los Masalit, una comunidad africana negra en Darfur Occidental. Este desarrollo se produce casi dos años después de un brutal conflicto que ha cobrado más de 150,000 vidas, desplazado a 11 millones y dejado a 26 millones en grave hambruna.
Sudán responsabiliza a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y a su milicia afiliada por una serie de actos atroces, incluyendo genocidio, asesinato, robo, violación y desplazamiento forzado. El gobierno sudanés afirma que estas atrocidades han sido facilitadas por un extenso apoyo financiero, político y militar de los EAU.
En su solicitud a la CIJ, Sudán ha pedido medidas provisionales inmediatas, instando a los EAU a cumplir con sus obligaciones bajo la Convención sobre el Genocidio. Esto incluye prevenir daños adicionales a la comunidad Masalit y tomar medidas para evitar condiciones que podrían llevar a su destrucción.
Los EAU han desestimado las acusaciones como "infundadas", sugiriendo que el gobierno sudanés intenta desviar la atención de su propia complicidad en la violencia en curso. Un funcionario emiratí condenó la acción legal como una maniobra publicitaria diseñada para oscurecer la participación establecida de las Fuerzas Armadas de Sudán en las atrocidades generalizadas.
Un informe del Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos, publicado en abril de 2024, describió a las RSF y a las milicias aliadas como cometiendo genocidio contra los Masalit y otros grupos no árabes. Esta investigación independiente concluyó que todos los signatarios de la Convención sobre el Genocidio están legalmente obligados a actuar contra cualquier complicidad y tomar medidas para detener el genocidio.
La violencia en curso en Sudán tiene sus raíces en la crisis de Darfur de 2003, que estalló cuando grupos como el Movimiento de Liberación de Sudán (SLM) y el Movimiento de Justicia y Equidad (JEM) tomaron las armas contra el gobierno, acusándolo de opresión. En respuesta, el entonces presidente Omar al-Bashir reclutó milicias árabes, conocidas como los Janjaweed, lo que llevó a represalias severas contra grupos étnicos africanos en la región.
Estados Unidos ha reconocido previamente estas acciones como genocidio, lo que llevó a procedimientos penales contra al-Bashir en 2009, resultando en una orden de arresto por orquestar asesinatos masivos.
Los informes indican que las RSF continúan utilizando la violación como arma de guerra, con datos recientes de UNICEF que revelan 220 casos de violación infantil desde el inicio de 2024, siendo las víctimas más jóvenes de solo un año. La crisis humanitaria en curso en Sudán plantea preguntas urgentes sobre la responsabilidad internacional y la necesidad de acciones decisivas para prevenir más atrocidades.
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