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Nuevas Regulaciones en Cotización a la Seguridad Social Generan Malestar entre Profesionales
Apenas semanas después de una histórica movilización de más de 70,000 profesionales, incluyendo graduados sociales, abogados y economistas, el colectivo se ve sacudido nuevamente por la publicación de una nueva orden que desarrolla normas legales de cotización a la Seguridad Social. Este cambio, que afecta a más de 25,000 graduados sociales, ha causado malestar debido a su inesperada aparición durante la Semana Santa.
La orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado, tiene como objetivo principal actualizar las normativas de cotización en respuesta al reciente aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este incremento del 5% no solo afecta a los salarios de los trabajadores, sino que también requiere ajustes en las bases de cotización y otros aspectos relacionados con los contratos laborales.
Lo que más ha sorprendido a los profesionales es el retraso en la tramitación de esta nueva orden, así como la fecha de su publicación, que coincide con la Semana Santa. Además, la orden incluye correcciones a errores en la normativa anterior, lo que ha generado aún más trabajo para los asesores de empresas.
El proceso se complica aún más con la reciente corrección de errores publicada apenas seis días después, relacionada con las tablas que regulan las bases máximas y mínimas de cotización por contingencias comunes. Este error, aunque corregido, ha generado confusión y ha obstaculizado los trámites administrativos.
Para los asesores de empresas, este incidente es solo una muestra más de los desafíos que enfrentan en su relación con la administración electrónica. La falta de comprensión de conceptos básicos como vacaciones o festivos, así como la sobrecarga de cambios regulatorios, dificulta su labor y afecta directamente a las pymes y autónomos a los que prestan servicio.
Este nuevo episodio llega en un momento en el que el colectivo estudia cómo defender sus derechos, después de una protesta en marzo que buscaba visibilizar su situación. Sin embargo, la falta de respuesta por parte del Gobierno indica que aún queda mucho por hacer para mejorar la relación entre los profesionales y la administración pública.