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Sánchez impulsa la oficialidad del catalán en la UE ante presión y resistencia
El Gobierno de Pedro Sánchez volverá a llevar al Consejo de Asuntos Generales en Bruselas la solicitud para que el catalán (junto al gallego y el euskera, en menor medida) sea oficial en la Unión Europea. Sin embargo, España no cuenta con el respaldo necesario de otros países miembros para que esta iniciativa prospere. Los países nórdicos se muestran contrarios principalmente por motivos económicos, mientras que Francia e Italia temen que esta oficialidad pueda generar demandas similares en sus territorios regionales.
Existen dos factores clave. Primero, Junts per Catalunya, liderado por Carles Puigdemont, presiona con urgencia para que esta reivindicación se cumpla, condición que pone sobre la mesa para apoyar la investidura de Sánchez. Consideran que el Gobierno puede avanzar pero no lo hace y podrían imponer un ultimátum si no hay avances tras el verano. Esta prisa no es bien vista por los socios europeos, que prefieren procesos más pausados para tratar asuntos complejos.
Segundo, la cuestión ya había avanzado lentamente, con el catalán y otras lenguas cooficiales utilizándose en la comunicación diaria del Parlamento Europeo. Representantes como Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSOE) trabajan para convencer gradualmente al resto de países. Sin embargo, la urgencia del Gobierno español choca con la dinámica europea, más lenta y consensuada, generando desconfianzas.
El principal obstáculo europeo es el posible efecto dominó. Se estima que hay unas 50 lenguas en la UE en situación similar a las cooficiales españolas, incluyendo el turco y ruso en contextos minoritarios. En Bruselas recuerdan que la oficialidad de idiomas suele llegar lentamente, como ocurrió con el gaélico.
El factor económico también pesa. La Comisión Europea calcula que la oficialidad de catalán, euskera y gallego costaría alrededor de 132 millones de euros anuales, triplicando lo que cuesta actualmente el gaélico. Además, varias delegaciones temen problemas legales en los Tratados, aunque España defiende su postura amparándose en la Constitución. Los socios piden aval jurídico y evaluaciones financieras detalladas antes de modificar reglamentos, lo que dificulta una decisión rápida.
No obstante, existen precedentes. En 1990, el Parlamento Europeo solicitó que el catalán se use para comunicarse con la ciudadanía, y hoy su oficina en Barcelona emplea esta lengua en campañas y comunicación. Intentos previos para ampliar el uso oficial de las lenguas españolas, en 2005 y 2022, quedaron estancados por desacuerdos políticos. El Gobierno de Sánchez insiste, pero la situación sigue bloqueada, mientras Puigdemont y su partido exigen mayor rapidez.
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