Sentencias de muerte en Irán tras protestas y represión creciente
Las autoridades judiciales iraníes han condenado a muerte a al menos dos personas detenidas durante las protestas registradas entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Las decisiones se producen en un contexto de denuncias de un aumento de ejecuciones y de presunta eliminación de pruebas relacionadas con detenidos por motivos políticos.
Entre los condenados figura Arman Marefati, un civil kurdo de 30 años originario de Saqqez, en la provincia de Kurdistán. Un tribunal revolucionario en Teherán lo declaró culpable de “enemistad contra Dios” en relación con un incendio atribuido a manifestantes contra una mezquita y un seminario en el distrito de Gisha durante las protestas de enero de 2026. Otro caso es el de Esmaeil Ramazanpour, residente de Yazd de 38 años, condenado también a muerte por cargos que incluyen moharebeh, participación en actividades contra la seguridad interna y la quema de un edificio municipal. Organizaciones de derechos humanos afirman que fue sometido a tortura en detención preventiva y que se le negó el acceso a un abogado de su elección.
Las condenas se inscriben en una fase de endurecimiento represivo que las autoridades justifican bajo un marco de “condiciones de tiempo de guerra”. Desde el inicio de los ataques militares atribuidos a Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de 2026, grupos de derechos humanos sostienen que al menos 36 personas han sido ejecutadas por cargos políticos, muchas de ellas vinculadas a las protestas de enero. También señalan que unas 78 personas permanecen bajo condena de muerte. Estimaciones de organizaciones independientes elevan el número total de ejecuciones en lo que va de 2026 a más de 600 casos, con denuncias sobre confesiones obtenidas bajo coerción utilizadas en procesos judiciales acelerados.
En paralelo, familias de víctimas denuncian la eliminación de registros en la base de datos del cementerio Behesht-e Zahra en Teherán, lo que impide localizar tumbas de personas muertas durante las protestas. Estas denuncias se suman a antecedentes de destrucción de secciones del cementerio donde estaban enterrados presos políticos ejecutados en la década de 1980, lo que refuerza las acusaciones de un intento sistemático de borrar rastros físicos y digitales de la represión.
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