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Marruecos lanza sentencias alternativas para modernizar la justicia y reducir la sobrepoblación
Los tribunales de Marruecos han comenzado a aplicar sentencias alternativas como parte de una nueva ley diseñada para reducir la sobrepoblación en las cárceles y modernizar el sistema judicial. Hasta el 4 de septiembre, solo dos semanas después de la entrada en vigor de la ley el 22 de agosto, los tribunales marroquíes habían emitido 107 fallos alternativos.
Variedad de medidas alternativas introducidas
Según datos oficiales, estos fallos incluyeron 40 sentencias de servicio comunitario, 46 multas diarias y 25 casos en los que los infractores deben reportarse regularmente a las autoridades policiales o penitenciarias. Además, tres infractores fueron obligados a continuar sus estudios o formación profesional, siete a someterse a tratamiento para su reintegración y cuatro a usar brazaletes electrónicos de monitoreo.
En cinco casos, los jueces ordenaron investigaciones sociales sobre los infractores y sus familias, realizadas por la policía o la gendarmería.
Condiciones para aplicar sentencias alternativas
La nueva ley establece condiciones específicas para las penas alternativas. Estas medidas se limitan a delitos menores que conlleven penas de hasta cinco años de prisión. No se aplican a reincidentes ni a delitos graves como terrorismo, corrupción, malversación, tráfico de drogas, trata de personas o explotación sexual.
- Multas diarias: Los infractores pueden ser obligados a pagar entre 100 y 2.000 dirhams marroquíes (10-200 dólares) por día de su sentencia original. Los tribunales consideran la situación financiera del infractor al determinar el monto, que debe pagarse en un plazo de seis meses, salvo que se otorgue una extensión o plan de cuotas.
- Servicio comunitario: Disponible para infractores mayores de 15 años, este trabajo no remunerado beneficia a instituciones estatales, gobiernos locales, organizaciones benéficas o lugares de culto.
- Monitoreo electrónico: Los tribunales pueden imponer brazaletes electrónicos, estableciendo ubicaciones y duraciones específicas para el monitoreo. Si los infractores manipulan o retiran el dispositivo, enfrentan hasta tres meses de prisión o multas de entre 2.000 (200 dólares) y 5.000 dirhams (500 dólares).
Otras medidas incluyen restricciones de derechos, actividades profesionales obligatorias, requisitos educativos, residencia en áreas específicas o prohibiciones de acceso a ciertos lugares.
Desafíos de implementación y perspectivas
La Delegación General para la Administración Penitenciaria y la Reintegración (DGAPR) ha tomado medidas para implementar estas disposiciones, incluyendo la creación de una plataforma nacional de monitoreo electrónico, la provisión de dispositivos de monitoreo y la capacitación de personal para supervisar las sentencias alternativas. Sin embargo, la DGAPR señaló que las vacaciones de verano ralentizaron la coordinación con otros sectores clave para la implementación. La delegación afirmó que acelerará los esfuerzos en los próximos días para garantizar la correcta aplicación de la nueva ley.
Esta reforma alinea el sistema judicial de Marruecos con estándares internacionales, enfatizando la rehabilitación y reintegración sobre el encarcelamiento, al mismo tiempo que aborda el problema urgente de la sobrepoblación carcelaria.