La CPI afirma que el expresidente filipino Duterte “autorizó asesinatos”
La International Criminal Court afirmó que el expresidente filipino Rodrigo Duterte “autorizó asesinatos” y seleccionó personalmente a algunas de las presuntas víctimas durante su campaña antidrogas, al inicio de las audiencias destinadas a determinar si será juzgado por crímenes de lesa humanidad.
En la apertura del proceso de confirmación de cargos en La Haya, el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang señaló que estas audiencias recuerdan que nadie está por encima de la ley internacional. Los jueces deberán decidir si existen pruebas suficientes para abrir un juicio formal.
Duterte, de 80 años, no compareció en la sesión inicial tras obtener autorización para renunciar a su derecho de estar presente en esta fase. La fiscalía sostiene que desempeñó un papel central en una campaña de ejecuciones extrajudiciales iniciada cuando era alcalde de Dávao y que continuó tras asumir la presidencia en 2016. Según la acusación, no solo permitió operaciones letales contra presuntos traficantes y consumidores de drogas, sino que también identificó personalmente a determinadas personas.
El exmandatario rechaza categóricamente las acusaciones. Su abogado, Nicholas Kaufman, afirmó que las pruebas son insuficientes y que el proceso responde a motivaciones políticas. Según la defensa, Duterte mantiene firmemente su inocencia y cuestiona la interpretación que hace la fiscalía de sus declaraciones públicas.
Duterte fue detenido en Manila en marzo de 2025 bajo el gobierno de su sucesor, Ferdinand Marcos Jr., y trasladado a los Países Bajos, donde permanece bajo custodia. El caso incluye varios cargos relacionados con asesinatos presuntamente cometidos entre 2013 y 2018, tanto en Dávao como en otras regiones del país.
Organizaciones de derechos humanos estiman que miles de personas murieron durante la campaña antidrogas, muchas de ellas procedentes de sectores sociales vulnerables. Los fiscales subrayaron que los cargos examinados representan solo una parte de los hechos denunciados.
En las afueras del tribunal, grupos de manifestantes filipinos se concentraron a favor y en contra del exdirigente. En Manila, familiares de víctimas siguieron la audiencia por transmisión en directo, manifestando sentimientos de esperanza y dolor. Se espera que los jueces comuniquen su decisión en un plazo de 60 días tras la conclusión de las audiencias.
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