La administración de Trump prepara sanciones más amplias contra la Corte Penal Internacional

Sábado 03 - 10:25

La administración del presidente estadounidense Donald Trump está preparando sanciones más amplias contra la Corte Penal Internacional (CPI), lo que genera preocupaciones sobre el posible impacto en las finanzas de la institución y sus operaciones diarias.

Según personas familiarizadas con los planes citados por Reuters, Washington ha preparado medidas dirigidas a la CPI como organización, aunque el momento y el alcance final de las sanciones seguían siendo inciertos a principios de octubre. Estados Unidos ha impuesto anteriormente sanciones a jueces, fiscales y otros funcionarios individuales de la CPI, pero no había dirigido sus sanciones a la corte en sí.

Las posibles medidas podrían afectar a empresas y otras organizaciones que brindan servicios a la corte. Los funcionarios de la CPI han advertido que las restricciones relacionadas con transacciones financieras, servicios tecnológicos, seguros y otros proveedores podrían crear dificultades operativas significativas.

Las preocupaciones ya han tenido consecuencias prácticas. La CPI terminó su contrato con la aseguradora francesa AXA el 1 de octubre y se trasladó a otro proveedor de seguros de salud. Reuters informó que la decisión siguió a discusiones sobre los riesgos asociados con posibles sanciones estadounidenses y las dificultades para encontrar un arreglo legal que protegiera a la aseguradora de sus posibles efectos.

Estados Unidos ha ampliado progresivamente su campaña de sanciones contra el personal de la CPI desde 2025. Las medidas han apuntado a jueces, fiscales y otros funcionarios, incluida la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y personal de alto nivel de la Oficina del Fiscal. En agosto de 2026, la CPI dijo que nueve de sus 18 jueces, ambos fiscales adjuntos, su exfiscal y un miembro del personal habían sido sancionados por Washington.

La administración de Trump ha argumentado que la CPI ha excedido su autoridad al afirmar jurisdicción sobre nacionales de países que no son parte del Estatuto de Roma, incluidos Estados Unidos e Israel. Trump también ha criticado públicamente a la corte y ha instado a los Estados miembros a retirarse.

La CPI, por su parte, ha rechazado las medidas estadounidenses y ha dicho que las sanciones contra su personal amenazan la independencia de una institución judicial internacional. La corte afirma que continuará su trabajo bajo el Estatuto de Roma y mantendrá sus actividades judiciales a pesar de la presión.

La posible expansión de las sanciones también ha generado preocupación entre varios gobiernos europeos y partidarios de la corte, que están examinando formas de proteger a la CPI y a las organizaciones que trabajan con ella de los posibles efectos de las restricciones estadounidenses. La disputa añade otra capa de presión sobre la institución con sede en La Haya mientras continúa las investigaciones y procedimientos relacionados con presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.