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España propone un impuesto del 100 % a los compradores extranjeros de propiedades
Desde que The Local Spain reveló que el gobierno español había presentado un proyecto de ley para aplicar un impuesto del 100 % a los compradores de viviendas no residentes y no pertenecientes a la UE, han surgido dudas sobre el verdadero alcance económico de esta medida.
El gobierno socialista de Pedro Sánchez presentó la semana pasada en el Congreso un anteproyecto que confirma lo anunciado por el presidente en enero: su intención de imponer un impuesto del 100 % a la compra de propiedades por parte de extranjeros no residentes y de fuera de la UE.
Esta propuesta forma parte de un paquete de medidas fiscales para hacer frente a la crisis de vivienda, con un enfoque en ciudadanos de terceros países como británicos y estadounidenses, al igual que la reciente eliminación del programa de “visado dorado” en abril.
¿Qué implica este nuevo impuesto?
Un impuesto del 100 %, ¿qué significa realmente? Algunos lectores han planteado que esta medida duplicaría el coste de los impuestos actuales (como el ITP o el AJD), en lugar de aplicarse únicamente sobre el valor del inmueble.
Hasta hace poco, no estaba claro cómo se aplicaría el impuesto. Sin embargo, el anteproyecto aclara este punto. El nuevo "Impuesto Estatal Complementario sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a No Residentes de Países No Miembros de la UE" establece que “el importe total del impuesto se obtendrá aplicando un tipo del 100 % sobre la base imponible”.
La base imponible será el mayor valor entre el valor declarado, el valor de mercado o el valor de referencia catastral.
Por ejemplo: si la base imponible de una vivienda es de 100.000 euros, un comprador extranjero no residente y no comunitario deberá pagar otros 100.000 euros de impuesto, alcanzando así un coste total de 200.000 euros.
Fuentes como El País confirman que los compradores no comunitarios no residentes pagarán efectivamente el doble. Portales y despachos legales como Spanish Property Insight y Agustí Asociados coinciden en que el impuesto se calculará sobre la base imponible.
Deducciones y matices legislativos
El proyecto contempla una deducción: los impuestos autonómicos ya pagados, como el ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) o el AJD (Actos Jurídicos Documentados), se restarán del total a pagar.
Estas tasas varían según la comunidad autónoma. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el ITP oscila entre el 10 y el 11 %.
En el caso de una vivienda de segunda mano de 100.000 euros:
- Un comprador no comunitario podría deducir entre 10.000 y 11.000 euros del total de 200.000 euros.
- Esto deja un coste final entre 189.000 y 190.000 euros.
- Un residente español o extranjero pagaría entre 110.000 y 111.000 euros por el mismo inmueble.
Este proyecto aún no está aprobado
El texto aún debe pasar por el Congreso, donde el PSOE no tiene mayoría. Sin embargo, ya se han implementado cambios similares, como la supresión del visado dorado para propiedades valoradas en más de 500.000 euros.