El debate sobre la propiedad extranjera en España se intensifica en destinos turísticos

Los partidos de derecha de España han rechazado recientemente una propuesta destinada a limitar la propiedad de bienes raíces por parte de extranjeros en las Islas Baleares y Canarias. Esta iniciativa, discutida en el Congreso y el Senado, fue calificada de “xenofóbica” por miembros de Vox, que se unieron al Partido Popular (PP) para formar una mayoría en contra.

Esta iniciativa no vinculante ganó apoyo de varias facciones de izquierda, incluyendo a la Izquierda Confederal y Coalición Canaria (CC), el partido nacionalista que gobierna en Canarias. CC propuso estas restricciones en un intento de colaborar con otras regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, con la esperanza de obtener una excepción de Bruselas en relación con medidas que contradicen los principios de libre movimiento de personas y capital del bloque.

En las Islas Baleares, los líderes de izquierda han insinuado la posibilidad de negociar con la UE para extender estas limitaciones, citando paralelismos con el estatus de las Islas Canarias. A principios de abril, el gobierno regional de derecha de las Baleares ya había expresado su oposición a la propuesta.

Tanto las Baleares como las Canarias son destinos turísticos de renombre, y en los últimos años, el aumento vertiginoso de los precios de las propiedades y los alquileres ha ido marginando cada vez más a los residentes locales. La afluencia de compradores extranjeros ha impactado significativamente el mercado inmobiliario, lo que ha llevado a discusiones sobre estrategias complementarias para garantizar viviendas asequibles y dar prioridad al acceso local a las casas.

Según datos del Consejo General del Notariado de España, los compradores extranjeros—tanto residentes como no residentes—representaron casi el 20% de las transacciones inmobiliarias en Canarias durante la segunda mitad de 2024, mientras que en Baleares, esta cifra superó el 25%. El texto de la propuesta criticó la abrumadora adquisición de viviendas por parte de no residentes por exacerbar las presiones en el mercado de la vivienda, particularmente en áreas frecuentadas por turistas. Argumentó que este fenómeno distorsiona los precios y desplaza a la población local, socavando la integridad social, económica y cultural de las islas.

El diputado de Vox en Baleares, Jorge Campos, se opuso a la iniciativa, acusando a los proponentes de izquierda de evitar deliberadamente el término "extranjero" en su propuesta para eludir acusaciones de xenofobia. Afirmó que restringir las compras de viviendas por no residentes extranjeros es puro discriminación.

Mientras tanto, el PP atribuyó la crisis de vivienda no a los compradores extranjeros, sino a las políticas del gobierno central liderado por Pedro Sánchez. Criticaron a la administración por crear "incertidumbre legal" y aumentar la burocracia, lo que, argumentan, ha agravado la situación para los locales.

Dolores Corujo, representante del PSOE en el Comité Conjunto, defendió las políticas de vivienda del gobierno, destacando la eliminación del programa de visados dorados y la aprobación de la Ley de Vivienda como ejemplos de acción positiva.

El año 2025 ha visto un aumento en las propuestas destinadas a frenar las compras de propiedades por parte de extranjeros como parte de la estrategia más amplia de España para abordar su crisis de vivienda. En enero, el premier español sugirió implementar un ‘supert impuesto’ del 100% a los compradores no residentes de fuera de la UE o prohibirles por completo comprar casas si no tienen vínculos con España. Desde entonces, no ha habido más actualizaciones.

En marzo, el partido separatista catalán ERC presentó una propuesta que requería que los extranjeros residentes solicitaran permiso para comprar viviendas si han vivido en España durante menos de cinco años; sin embargo, esta iniciativa también fue rechazada.

Entre las medidas que se han aprobado se encuentra la eliminación del esquema de visados dorados, que había permitido a los nacionales no europeos adinerados obtener la residencia española al adquirir una propiedad valorada en 500,000 euros o más.