Ali Larijani asume mando político tras muerte de Khamenei
La muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, en bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel que alcanzaron su complejo en Teherán el 28 de febrero ha precipitado una lucha de poder sin precedentes en la República Islámica y ha situado a Ali Larijani en el centro del nuevo equilibrio político. Medios estatales iraníes y cadenas internacionales señalaron que el dirigente, de 86 años, murió en el ataque, lo que llevó a la declaración de 40 días de luto nacional mientras fuertes explosiones y columnas de humo sacudían la capital y otras zonas del país. Las autoridades denuncian una ofensiva a gran escala contra instalaciones militares y objetivos de mando, en un contexto de tensión regional en el que también han circulado videos de pequeños grupos festejando la caída del líder.
En un mensaje televisado, Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y figura clave del sistema desde hace años, anunció que se pondrá en marcha un consejo de liderazgo interino para garantizar la continuidad del poder hasta la designación de un nuevo líder supremo. Explicó que, conforme a la Constitución, el presidente, el responsable del poder judicial y un jurista del Consejo de Guardianes asumirán de manera conjunta las competencias del líder, presentando este esquema como una respuesta institucional a la crisis abierta por los ataques. Larijani aprovechó además su intervención para advertir de que no se permitirán intentos de fragmentar el país e instó a la población a mantener la cohesión durante este periodo de transición.
Detrás de la fórmula colegiada, el peso político de Larijani lo convierte en un actor central en las decisiones sobre seguridad interna, política exterior y gestión de la crisis, reforzando un papel que ya venía ejerciendo en la coordinación de las negociaciones nucleares, las alianzas regionales y la respuesta a las protestas internas. Medios regionales señalan que supervisa un amplio abanico de expedientes, desde los contactos con Moscú hasta los mensajes de disuasión dirigidos a grupos armados y movimientos separatistas que podrían intentar aprovechar el vacío de poder. En sus declaraciones posteriores a los bombardeos, el dirigente describió la operación como parte de una estrategia de Washington y Tel Aviv para sembrar miedo y provocar un cambio de régimen, un relato destinado a cerrar filas dentro de la élite y de los aparatos de seguridad.
En paralelo, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica trata de acelerar la sucesión, según informó el medio Iran International, que atribuye a altos mandos militares la intención de nombrar a un nuevo líder supremo en cuestión de horas, sin esperar a que se reúna la Asamblea de Expertos prevista por la Constitución. Las continuas incursiones aéreas y el temor a nuevos ataques dificultan la convocatoria de este órgano de clérigos, lo que alimenta presiones para saltarse el procedimiento formal y evitar un prolongado vacío institucional. Los mismos reportes describen desorden en la cadena de mando, con unidades que han perdido contacto con sus superiores y oficiales reacios a regresar a sus bases por miedo a que vuelvan a ser objetivos, lo que complica la coordinación de la respuesta militar.
La transición de liderazgo se desarrolla bajo el riesgo de una escalada militar con Estados Unidos e Israel y de un posible repunte de las protestas callejeras, en un momento en el que las estructuras del Estado afrontan el impacto de los ataques y el reto de asegurar la sucesión. El ministerio de Exteriores de Irán ha calificado la operación de grave violación de la soberanía nacional, mientras organizaciones como la Media Luna Roja hablan de centenares de muertos en todo el país, reflejando la magnitud del bombardeo y la presión sobre los servicios de emergencia. La capacidad de la Asamblea de Expertos para retomar el control del proceso y el grado de consenso entre Larijani y el liderazgo de los Guardianes en torno a un candidato serán decisivos para saber si el relevo se mantiene bajo control o abre una fase de mayor inestabilidad en la cúspide del régimen.
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