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El Reino Unido endurece las normas de inmigración para solicitantes de ciudadanía
El Ministerio del Interior británico ha anunciado nuevas restricciones para los inmigrantes que buscan obtener la ciudadanía británica. Según la BBC, cualquier persona que ingrese al Reino Unido de manera ilegal verá rechazada su solicitud de ciudadanía bajo las nuevas directrices.
Esta decisión ha sido duramente criticada por el Consejo de Refugiados y varios parlamentarios del Partido Laborista, incluida Stella Creasy, quien advirtió que la medida convertiría a los refugiados en ciudadanos de segunda clase de manera permanente. Además, los críticos sostienen que estas normas podrían violar el derecho internacional y el derecho a solicitar asilo.
El blog Free Movement fue el primero en informar sobre la actualización de las directrices, que fueron añadidas a las instrucciones para funcionarios de visas e inmigración el pasado lunes. Las nuevas reglas establecen que quienes ingresaron ilegalmente al Reino Unido, incluso si ya residen en el país, no podrán solicitar la ciudadanía.
Las normas precisan que, a partir del 10 de febrero de 2025, cualquier persona que haya entrado de manera ilegal al Reino Unido verá su solicitud de ciudadanía rechazada, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido. Además, aquellos que ingresaron sin la debida autorización o documentación, o que utilizaron rutas peligrosas, serán generalmente denegados.
Aunque cada caso seguirá siendo evaluado individualmente, un portavoz del Ministerio del Interior subrayó que ya existen restricciones para impedir que quienes llegan de forma ilegal obtengan la ciudadanía. La nueva directriz refuerza estas medidas y deja claro que cualquier persona que entre al país de manera irregular, incluso en pequeños botes, será rechazada.
Anteriormente, los solicitantes de asilo que llegaban por vías no autorizadas debían esperar diez años antes de ser considerados para la ciudadanía. Sin embargo, estas nuevas reglas dificultarán aún más la obtención del estatus legal para los refugiados.
Este cambio en la política sigue la introducción del Proyecto de Ley de Seguridad Fronteriza del Partido Laborista, que reemplaza el plan del gobierno conservador sobre Ruanda. Esta nueva legislación otorga mayores poderes a las fuerzas de seguridad para combatir el tráfico de personas y ya ha superado su primera votación en la Cámara de los Comunes.
El Consejo de Refugiados estima que al menos 71.000 refugiados quedarán excluidos de la posibilidad de convertirse en ciudadanos británicos debido a estas restricciones. Paralelamente, el Ministerio del Interior llevó a cabo una campaña nacional contra el trabajo ilegal, realizando redadas en 828 negocios, incluidos salones de manicura, lavaderos de autos y restaurantes.
Anwar Solomon, director del Consejo de Refugiados, calificó la medida de "irracional", mientras que el abogado de inmigración Colin Yeo sostuvo que la normativa viola claramente la Convención sobre los Refugiados.
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