Uruguay aprueba una ley que legaliza la eutanasia

Jueves 16 Octubre 2025 - 09:00

con un bolígrafo: Sahili Aya

Uruguay aprueba una ley que legaliza la eutanasia

Uruguay se ha convertido oficialmente en uno de los pocos países del mundo que legalizan la eutanasia. Tras años de debates parlamentarios, el Senado aprobó el miércoles la nueva ley de “Muerte Digna” con una amplia mayoría: 20 votos a favor de 31 senadores presentes.

La Cámara de Diputados ya había dado su visto bueno en agosto, y con esta votación definitiva, la ley entra en vigor. La norma permite la muerte médicamente asistida bajo condiciones estrictas, situando al país junto a Canadá, los Países Bajos y España. En América Latina, Colombia despenalizó la eutanasia en 1997 y Ecuador la aprobó en 2024.

Algunos asistentes en la galería del Senado interrumpieron los aplausos tras la votación gritando “¡Asesinos!”, reflejando la división ética y moral que sigue generando el tema.

Requisitos y garantías

Para poder solicitarla, es necesario ser mayor de edad, ciudadano o residente en Uruguay, y estar en plena capacidad mental, además de padecer una enfermedad terminal e incurable o sufrimientos insoportables que afecten gravemente la calidad de vida. Antes de proceder, se requieren evaluaciones médicas y psicológicas, y el paciente debe expresar su consentimiento por escrito.

Beatriz Gelós, de 71 años, enferma de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace casi veinte años, celebró la aprobación: “Quienes se oponen no saben lo que es vivir así”, declaró a la AFP. “Solo quiero tener la opción de decir basta.”

Otro caso emblemático, Pablo Cánepa, de 39 años, afectado por una enfermedad rara e incurable, también había reclamado este derecho. “Pablo agoniza desde hace años”, afirmó su hermano Eduardo. “Lo que tiene no es una vida”, añadió su madre Mónica.

Apoyo social y reacciones

Según una encuesta de Cifra, más del 60% de los uruguayos apoya la legalización de la eutanasia, mientras que solo el 24% está en contra. El Colegio Médico del Uruguay no adoptó una postura oficial, pero asesoró al Parlamento durante todo el proceso para “garantizar la máxima seguridad para pacientes y médicos”, explicó su presidente, Álvaro Niggemeyer.

La Iglesia católica expresó su “tristeza” tras la votación, y más de una decena de asociaciones calificaron el texto de ley como “deficiente y peligroso”.