Reforma Fiscal en Marruecos: Navegando por las Ventas de Propiedades con Certificado Fiscal Obligatorio
Una medida estricta de impuestos a la propiedad, detallada en la Ley de Finanzas de Marruecos para 2024, está a punto de tener un impacto significativo en las transacciones de ventas de bienes raíces y negocios en el país. Los contratos de venta ya no podrán ser redactados hasta que el vendedor obtenga el certificado fiscal, marcando un cambio crucial en el panorama legal.
El Artículo 139-IV revisado ahora exige que los contratos de venta de bienes raíces y negocios solo se puedan preparar una vez que el vendedor haya obtenido la confirmación de las autoridades fiscales, certificando el pago completo de todos los impuestos relacionados con la propiedad tanto para el año de venta como para los años fiscales anteriores. Esta regulación, vigente a partir del 1 de julio de 2024, también requiere la inclusión del número de registro fiscal de la vivienda y de los servicios municipales en los contratos. Esta inclusión es crucial para identificar la propiedad con respecto a los impuestos locales, según explicado por el diario económico.
La falta de proporcionar el certificado fiscal y el formulario administrativo, junto con el identificador corporativo común de la empresa o el número de artículo de impuestos locales de la propiedad, resultará en la incapacidad de notarios, funcionarios judiciales, abogados acreditados y otros actores notariales para redactar cualquier instrumento de venta. Además, los inspectores fiscales tienen la autoridad para rechazar el registro de tales actos, renovando así la responsabilidad fiscal conjunta entre notarios y contribuyentes para saldar los gravámenes pendientes.
Mientras que algunos notarios aprecian la disposición para mejorar la equidad y transparencia, otros expresan preocupaciones sobre posibles retrasos en las transacciones de propiedades. El requisito obliga a las partes a firmar un acuerdo preliminar de venta y esperar el certificado fiscal antes de concluir la venta final. Obtener la descarga fiscal puede llevar hasta diez días, presentando desafíos, especialmente porque los bancos a menudo requieren un instrumento notarial para solicitudes de préstamos.
El objetivo principal de esta medida es fortalecer el cumplimiento fiscal en las transacciones de propiedades, abordando las vulnerabilidades a la manipulación que existían anteriormente. Sin embargo, es imperativo abordar las complejidades de implementación, especialmente en relación con los activos en zonas libres de impuestos, para optimizar la equidad y prevenir posibles fugas de ingresos.