Marruecos actualiza las leyes de cibercrimen para mejorar la protección y privacidad de los ciudadanos
En respuesta a la creciente amenaza del cibercrimen, Marruecos está revisando su marco legal para reforzar la protección de sus ciudadanos y salvaguardar sus derechos de privacidad. La iniciativa, liderada por el Ministro de Justicia Abdellatif Ouahbi, incluye la implementación de medidas robustas para combatir las amenazas cibernéticas mientras se ratifican convenios internacionales pertinentes.
Marruecos, al igual que muchos países, ha experimentado una transformación significativa en las tecnologías de la comunicación. El auge de la inteligencia artificial ha permeado la vida diaria, afectando sectores económicos, sociales y legales.
En una respuesta escrita a una consulta parlamentaria del diputado del Movimiento Popular, Ibrahim Abba, Ouahbi destacó que este progreso tecnológico presenta nuevos desafíos. El aumento en el número de usuarios de internet y la expansión de las transacciones remotas han llevado, correspondientemente, a un aumento en los incidentes de cibercrimen.
Desde 2003, Marruecos ha estado revisando activamente su estructura legal para llenar vacíos en su legislación sobre cibercrimen. El Código Penal se ha fortalecido para incluir disposiciones que criminalizan y sancionan los ataques a los sistemas de procesamiento de datos automatizados. Se han promulgado leyes adicionales bajo la nueva Ley de Justicia Militar, específicamente dirigidas a los cibercrímenes contra sistemas de información y sitios web gestionados por las autoridades de defensa nacional.
Además, la Ley No. 88.13, que regula el sector de la prensa y la publicación, ha establecido marcos legales estrictos al criminalizar delitos cometidos a través de medios audiovisuales y electrónicos. Esta ley busca regular las actividades de prensa en línea y frenar el uso indebido de plataformas digitales para fines ilegales, incluido el fraude.
El Código Penal también ha sido enmendado bajo la Ley No. 103.13, destinada a combatir la violencia contra las mujeres. Nuevos artículos criminalizan la grabación, distribución o publicación no autorizada de información privada, así como la difusión de falsas alegaciones que infrinjan la privacidad personal. Estas medidas son particularmente relevantes dado el aumento de casos de fraude electrónico.
Compromisos internacionales en ciberseguridad
En el ámbito internacional, Marruecos ratificó la Convención de Budapest sobre Cibercrimen el 29 de junio de 2018, consolidando aún más su marco legal contra las amenazas cibernéticas. Este tratado, adoptado inicialmente por el Consejo de Europa en 2001, armoniza las políticas penales entre los estados firmantes y tiene como objetivo proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. También criminaliza el acceso no autorizado a sistemas y la interceptación de comunicaciones.
Marruecos también ha aprobado el Protocolo Adicional a la Convención de Budapest, firmado el 28 de enero de 2003, que aborda actos racistas y xenófobos cometidos en línea. Este protocolo proporciona una estructura legal para combatir la propaganda digital y los delitos de odio contra extranjeros.
Además, el 12 de mayo de 2022, Marruecos firmó el Segundo Protocolo Adicional a la Convención de Budapest, adoptado por el Consejo de Europa en noviembre de 2021. Este protocolo simplifica el proceso para solicitar información de suscriptores a proveedores de servicios extranjeros, mejorando el acceso transfronterizo a datos digitales.
Marruecos también está participando en una iniciativa liderada por la ONU para redactar un convenio global sobre cibercrimen, en seguimiento de la Resolución No. 247/74 de la Asamblea General de la ONU. Este esfuerzo busca crear un marco internacional unificado para criminalizar diversas ofensas, incluido el fraude digital, el robo de identidad y la explotación infantil.
Para alinearse con sus obligaciones internacionales, el gobierno marroquí está llevando a cabo una serie de reformas legislativas. Estas reformas tienen como objetivo modernizar el sistema legal mientras se salvaguardan los derechos humanos y las libertades digitales, asegurando que el marco legal de Marruecos siga siendo receptivo a la evolución de las amenazas del cibercrimen.