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Marruecos acelera la implementación de la ley de sentencias alternativas
La Delegación General de la Administración Penitenciaria y Reintegración (DGAPR) ha rechazado de manera categórica los informes recientes que sugieren retrasos en la implementación de la Ley 43.22 sobre sentencias alternativas. En un comunicado, la DGAPR aclaró que se han realizado avances significativos para garantizar la aplicación efectiva de la ley.
Movilización de recursos y formación
La DGAPR detalló sus amplios preparativos, que incluyen la movilización de recursos tanto a nivel central como regional. Se ha asignado y capacitado a personal especializado para supervisar las nuevas medidas y garantizar que los casos se manejen de acuerdo con los requisitos de la ley.
Despliegue de monitoreo electrónico
Se ha establecido una plataforma nacional para el monitoreo electrónico, cumpliendo con los plazos establecidos por el gobierno. Las pulseras electrónicas, un componente clave de esta reforma, ya están operativas para ofrecer supervisión en tiempo real para las personas que cumplen sentencias alternativas bajo esta medida.
Coordinación con sectores gubernamentales
La DGAPR reconoció que el momento de la entrada en vigor de la ley coincidió con las vacaciones de verano, lo que retrasó temporalmente su aplicación inmediata. Sin embargo, la institución destacó sus esfuerzos continuos por coordinarse con otros sectores gubernamentales para garantizar un despliegue sin contratiempos de la reforma.
Alineación judicial con la nueva ley
El Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) ha instruido a los tribunales de todo Marruecos a aplicar activamente la ley. Los presidentes de los tribunales han recibido indicaciones para designar jueces especializados en sentencias alternativas y emitir fallos que especifiquen tanto la pena de prisión original como la sanción sustitutiva.
Una reforma transformadora para el sistema de justicia en Marruecos
La adopción de la Ley 43.22 representa un cambio significativo en el sistema de justicia de Marruecos. Al promover la rehabilitación y reintegración, la reforma busca reducir los costos económicos y sociales del encarcelamiento tradicional. Con la ley oficialmente en vigor, la DGAPR y las autoridades judiciales trabajan para garantizar su plena y adecuada implementación en los próximos días.