Las nuevas reglas de inmigración de Portugal enfrentan revisión constitucional
Las últimas reformas de inmigración de Portugal están siendo examinadas por el Tribunal Constitucional después de que el presidente António José Seguro remitiera la legislación para una revisión constitucional previa.
El paquete introduce medidas más estrictas respecto a los procedimientos de asilo, la detención de extranjeros y las deportaciones. Sin embargo, el presidente ha expresado preocupaciones sobre las disposiciones que afectan a los niños y la unidad familiar, particularmente las medidas que podrían separar a los padres de sus hijos o afectar indirectamente a menores portugueses.
Otro tema controvertido es la propuesta de extensión de la detención administrativa para extranjeros. Bajo las nuevas reglas, la detención podría durar hasta 180 días, con la posibilidad de una extensión adicional, lo que plantea interrogantes sobre la proporcionalidad y la supervisión judicial.
La legislación también cambiaría el efecto de las apelaciones contra las decisiones de deportación. En lugar de suspender automáticamente la expulsión, las apelaciones podrían proceder sin detener el proceso de deportación, permitiendo potencialmente a las autoridades expulsar a individuos antes de una decisión final del tribunal.
La decisión presidencial ha expuesto divisiones entre los partidos políticos de Portugal. El Partido Socialista y el Partido Comunista Portugués dieron la bienvenida a la revisión constitucional, mientras que el partido de derecha Chega la criticó fuertemente, argumentando que son necesarias medidas más estrictas para acelerar la expulsión de extranjeros que no cumplen con los requisitos de residencia.
Las organizaciones de derechos de inmigrantes también han apoyado la decisión del presidente, advirtiendo que algunas disposiciones podrían debilitar los derechos fundamentales y contribuir a la separación familiar.
La legislación fue aprobada por el parlamento en julio con el apoyo del Partido Social Demócrata, el CDS–Partido Popular y la Iniciativa Liberal. La evaluación del Tribunal Constitucional determinará ahora si las disposiciones más controvertidas cumplen con las protecciones constitucionales de Portugal y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
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