La oposición local frena proyectos globales de centros de datos para IA
La expansión acelerada de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial enfrenta una resistencia creciente en distintas regiones del mundo. Comunidades locales, organizaciones ambientales y grupos indígenas están bloqueando proyectos multimillonarios impulsados por grandes empresas tecnológicas debido a preocupaciones relacionadas con el consumo energético, el uso de agua y el impacto sobre el entorno urbano y natural.
En Australia Occidental, GreenSquare retiró una propuesta para construir un centro de datos valorado en 1.100 millones de dólares en Hazelmere, cerca de Perth. El proyecto contemplaba un edificio de tres plantas y más de 15.000 metros cuadrados destinado a infraestructura digital de alta capacidad. La empresa sostenía que la iniciativa generaría miles de empleos temporales y cientos de puestos permanentes, además de aportar importantes ingresos económicos a la región.
Sin embargo, residentes locales y representantes de comunidades indígenas rechazaron el proyecto por su cercanía a humedales protegidos y zonas consideradas culturalmente sensibles. Las autoridades municipales también expresaron preocupación por el ruido potencial generado por decenas de generadores diésel previstos como respaldo energético para la instalación. Finalmente, el consejo local recomendó rechazar el plan y la empresa optó por retirarlo.
El caso forma parte de un fenómeno internacional que gana fuerza. Decenas de proyectos de centros de datos han sido paralizados o suspendidos este año en distintos países debido a protestas vecinales. El crecimiento explosivo de la inteligencia artificial está impulsando inversiones masivas en infraestructura digital, pero también aumenta la presión sobre redes eléctricas y recursos hídricos.
Especialistas advierten que los centros de datos podrían representar una parte significativa del consumo eléctrico en los próximos años. En Estados Unidos, grupos ciudadanos denuncian aumentos potenciales en las tarifas eléctricas y cuestionan si las comunidades reciben beneficios reales proporcionales al impacto ambiental y urbano de estas instalaciones. Las grandes tecnológicas enfrentan ahora crecientes demandas para involucrarse directamente en el diálogo con las poblaciones afectadas.
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