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La huelga general en España intensifica los llamados a revisar los lazos con Israel
Sindicatos laborales y estudiantiles en toda España organizaron una huelga general el 15 de octubre de 2025, exigiendo el cese inmediato de la ofensiva israelí en Gaza y una reforma completa de las relaciones diplomáticas, militares y económicas de España con Israel. Esta movilización masiva sigue a la firma de un acuerdo de paz mediado por Egipto, que reunió a líderes de España, Estados Unidos y otras naciones. Sin embargo, las protestas reflejan un profundo escepticismo público sobre la eficacia de las intervenciones internacionales y una creciente indignación por la violencia contra los palestinos.
Sindicatos, ONG y activistas piden al gobierno español que imponga sanciones integrales a Israel y redirija el gasto militar hacia sectores sociales como la sanidad y la educación. La Confederación General del Trabajo (CGT) y otros organizadores han criticado las medidas gubernamentales anteriores, argumentando que los embargos de armas y los esfuerzos diplomáticos han sido insuficientes para frenar la cooperación militar con Israel. Los líderes de las protestas demandan acciones concretas y decisivas para abordar la crisis humanitaria en Gaza.
La huelga ha interrumpido los servicios públicos esenciales en todo el país. En Madrid, los servicios de metro y autobús operan a capacidad reducida, manteniendo un mínimo durante las horas pico, mientras que las escuelas, universidades y hospitales han sido gravemente afectados. La Unión de Estudiantes ha liderado una suspensión nacional de clases, organizando marchas masivas en la capital. Las protestas también se han extendido a otras ciudades principales, incluyendo Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, atrayendo multitudes históricas. Más de medio millón de manifestantes llenaron las calles de Madrid, exigiendo justicia y solidaridad con el pueblo palestino.
La ira pública ha escalado tras la interceptación de la “Flota Resiliencia,” una misión humanitaria que partió de Barcelona. Israel detuvo a más de cuarenta activistas españoles a bordo de la flota, lo que ha intensificado la indignación y movilizado a más ciudadanos a unirse a las protestas. Si bien el gobierno español ha introducido medidas parciales como un embargo de armas, los activistas consideran estas iniciativas insuficientes. Los defensores de los derechos humanos exigen la suspensión de todo tipo de apoyo que pueda perpetuar el conflicto en Gaza.
El resultado de las negociaciones en curso entre sindicatos, sociedad civil y el gobierno probablemente definirá el papel futuro de España en la crisis. A medida que el activismo de base sigue ganando impulso, las protestas reflejan la creciente demanda pública de un cambio decisivo en la política exterior de España y un apoyo inquebrantable a la causa palestina.
