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La Guardia Civil respalda su informe sobre la filtración de datos reservados que implica al fiscal general
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han ratificado ante el Tribunal Supremo su informe pericial que sitúa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una posición clave en la presunta filtración de información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El caso ha generado tensiones entre distintas ramas del poder judicial y político en España.
Una investigación al más alto nivel
Los agentes de la UCO examinaron el contenido digital incautado en octubre de 2024 durante el registro del despacho de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. La investigación apunta a que tanto Rodríguez como García Ortiz habrían intervenido en la revelación de secretos sobre González Amador, acusado de fraude fiscal.
A pesar de la oposición de la Abogacía del Estado —que defiende a García Ortiz—, el juez instructor decidió citar a los agentes para que explicaran sus conclusiones. El informe sostiene que el fiscal general desempeñó una “participación preeminente” en la filtración, contradiciendo la versión oficial de que su única intención era desmentir un “bulo”.
Mensajes clave y reconstrucción de hechos
El análisis de los mensajes de WhatsApp de Pilar Rodríguez fue determinante. Aunque los mensajes de García Ortiz no pudieron recuperarse —el fiscal cambió de móvil y borró su contenido una semana después de que el Supremo abriera la causa penal—, la información extraída del dispositivo de Rodríguez permitió reconstruir la secuencia.
El 13 de marzo de 2024, tras recibir un correo del abogado de González Amador que reconocía el delito y proponía un acuerdo, el fiscal general comenzó a solicitar comunicaciones internas. Esa misma noche, a las 23:51, la Cadena SER publicó el contenido del correo. Solo un grupo muy reducido de personas había tenido acceso a dicha información.
Filtración antes de la notificación oficial
La Guardia Civil concluye que la denuncia contra González Amador fue filtrada el 12 de marzo, dos horas antes de que el fiscal del caso informara a la defensa. Según los peritos, esta filtración provino directamente de la Fiscalía General del Estado, solo cuatro días después de haber recibido el expediente completo de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Últimos pasos antes del procesamiento
El próximo viernes declarará como testigo González Amador, tras una orden de la Sala de Apelación del Supremo. Será una de las últimas diligencias antes de que el juez decida si procesa formalmente a García Ortiz y a Pilar Rodríguez. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ya ha pedido que se avance hacia esa fase, citando “pruebas abrumadoras”.
La APIF también ha solicitado verificar si García Ortiz tenía en su agenda los números de contacto de periodistas que habrían accedido a la información bajo secreto profesional y el de Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa, implicada en la difusión del mismo correo a miembros del PSOE para usarlo políticamente contra Ayuso en la Asamblea de Madrid.
Finalmente, se ha pedido a la Inspección que entregue tres expedientes relacionados con González Amador, en los que se sospechan actuaciones “alegales o paralegales”.
La decisión judicial sobre el posible procesamiento está cada vez más cerca.
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