La Defensa de Bolsonaro asegura que la policía busca “Desmoralizar” al exmandatario
El equipo legal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro negó que haya violado las medidas de precaución durante su juicio por un presunto intento de golpe de Estado, y acusó a la policía de intentar “desmoralizarlo”, según un documento presentado ante la Corte Suprema.
La Corte Suprema de Brasil comenzará a debatir el 2 de septiembre el caso de Bolsonaro, quien enfrenta cargos relacionados con un supuesto intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, ganadas por Luiz Inácio Lula da Silva.
A principios de agosto, Bolsonaro fue puesto bajo arresto domiciliario tras incumplir las restricciones que le impedían expresarse en redes sociales. El jueves, las autoridades brasileñas solicitaron la imputación de Bolsonaro y de su hijo Eduardo, residente en Estados Unidos, por presunta coerción contra la justicia e intento de obstaculizar la investigación del supuesto golpe.
El informe policial indicó que Bolsonaro y Eduardo, quien financia la estancia de su padre en Estados Unidos, actuaron “con el fin de interferir en el desarrollo del proceso judicial” y recomendó imputarlos por coerción y “afectar el Estado de derecho democrático”. Estas infracciones podrían acarrear hasta 12 años de prisión combinados.
Asimismo, las autoridades informaron que hallaron en el teléfono de Bolsonaro un documento de 33 páginas en el que solicitaba asilo político en Argentina al presidente Javier Milei, pocos días después del inicio de la investigación, alegando “persecución política en Brasil”.
Los abogados de Bolsonaro calificaron el informe policial como “políticamente motivado”, destinado a desmoralizar a un expresidente y exponer su vida privada mientras se le hacen acusaciones graves pero infundadas. “El objetivo es intimidación. Desmoralización. En otras palabras, se está llevando a cabo una forma de ‘lawfare’”, afirmaron.
La defensa sostiene que Bolsonaro ha cumplido todas las decisiones judiciales, incluyendo permanecer en casa bajo monitoreo electrónico, y argumenta que un proyecto de solicitud de asilo de febrero de 2024 “no puede considerarse indicio de fuga”.
De ser condenado, Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de prisión. El expresidente sigue declarando su inocencia y denuncia lo que califica de persecución política.
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