Inundaciones en Safi: llamados a declarar la ciudad zona de desastre
La ciudad de Safi se encuentra en el centro de la atención tras inundaciones de una magnitud excepcional que provocaron importantes pérdidas humanas y materiales. El desastre causó numerosas víctimas y daños considerables en infraestructuras públicas y bienes privados, lo que llevó a organizaciones de la sociedad civil y a partidos políticos a pedir que Safi sea declarada oficialmente zona de desastre y que las víctimas sean indemnizadas.
La Organización Marroquí de Derechos Humanos y la Asociación de Colegios de Abogados de Marruecos subrayaron la urgencia de activar los mecanismos legales previstos en caso de catástrofes naturales. Ambas estudian recurrir al litigio estratégico para obtener una decisión judicial que obligue al Estado a reconocer a Safi como zona sinistrada, de conformidad con la Ley n.º 110.14 sobre la cobertura de las consecuencias de los acontecimientos catastróficos.
En el ámbito político, el Partido de la Justicia y el Desarrollo dirigió una carta al Jefe de Gobierno en la que solicita acelerar las medidas legales y administrativas necesarias. Entre ellas figuran el reconocimiento oficial de la catástrofe, la delimitación de las zonas afectadas, el registro de las víctimas y la activación de los mecanismos de indemnización previstos por la ley.
El partido destacó especialmente la gravedad de los daños en la medina de Safi, una zona con alta densidad de población y una intensa actividad artesanal y comercial. Según esta formación, estas características refuerzan el carácter catastrófico del suceso, tal como lo define la Ley 110.14, que considera catástrofe cualquier incidente derivado de un fenómeno natural excepcional que cause daños directos.
La legislación prevé que las indemnizaciones se financien mediante una contribución obligatoria asociada a los contratos de seguros que cubren bienes, vehículos o responsabilidades civiles. Para las personas no aseguradas, el Fondo de Solidaridad contra los Acontecimientos Catastróficos, una entidad pública con autonomía financiera, garantiza el pago de compensaciones a través de una tasa solidaria específica.
Las distintas partes instan a una aplicación rápida y eficaz de estos mecanismos, al considerar que son clave para reducir el impacto social y económico de las inundaciones y para materializar el principio de solidaridad nacional en este contexto de emergencia.
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