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Fatima Tamni cuestiona al gobierno por las tasas universitarias impuestas a los funcionarios
El debate sobre la gratuidad de la enseñanza superior pública en Marruecos vuelve a generar polémica después de que varias universidades empezaran a exigir tasas de inscripción obligatorias, que oscilan entre 6.000 y 17.000 dírhams, a los empleados y funcionarios que desean continuar sus estudios.
Fatima Tamni, diputada de la Federación de la Izquierda Democrática (FGD), presentó una pregunta escrita al ministro de Enseñanza Superior, Investigación Científica e Innovación, Azzedine El Midaoui, denunciando lo que calificó de “injusticia social” y una violación del principio de igualdad de oportunidades.
Según la parlamentaria, la imposición de estas tasas contradice el principio constitucional de gratuidad de la educación pública y refleja una deriva hacia una lógica mercantil de la universidad. Tamni advirtió que esta medida podría convertir la educación superior en un privilegio reservado a quienes disponen de recursos económicos.
También señaló que aplicar estas tasas sin tener en cuenta los ingresos de los solicitantes aumenta la desigualdad: “Un ciudadano que gana el salario mínimo de 3.200 dírhams tendría que destinar más de una cuarta parte de sus ingresos anuales para inscribirse en la universidad”, lamentó.
Tamni pidió al gobierno que actúe con urgencia para garantizar el respeto al principio de gratuidad y preservar el carácter inclusivo de la universidad pública. Concluyó que esta política representa una injusticia social incompatible con los compromisos constitucionales de Marruecos en materia de educación.
