Código penal talibán legaliza violencia doméstica en Afganistán

Miércoles 18 Febrero 2026 - 17:50

Las autoridades talibanas en Afganistán han adoptado un nuevo código penal que legaliza de facto ciertas formas de violencia doméstica, lo que supone un retroceso significativo en los derechos de las mujeres y ha generado condenas por parte de organizaciones internacionales.

Firmado en enero de 2026, el texto redefine el derecho familiar y consolida la posición subordinada de las mujeres en la sociedad. El código, compuesto por entre 90 y 119 artículos, establece una distinción controvertida en materia de violencia intrafamiliar. Solo las agresiones que provocan fracturas o heridas abiertas están expresamente prohibidas. Otras formas de violencia, calificadas como “correcciones leves”, quedan en la práctica toleradas por la ley.

El marco excluye el reconocimiento de la violencia psicológica o económica, así como de los golpes que no dejan lesiones visibles. Incluso cuando la agresión supera esos umbrales, las sanciones rara vez superan los 15 días de detención. Para que haya condena, la víctima debe presentar pruebas tangibles ante un tribunal, un requisito especialmente difícil en un sistema en el que las mujeres deben comparecer veladas y acompañadas por un tutor masculino.

El nuevo código sustituye protecciones legales introducidas tras 2001. La Ley para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada en 2009, ofrecía un marco para combatir el matrimonio forzado, los abusos sexuales y la violencia doméstica. Su derogación refleja un cambio profundo en la política estatal. La nueva normativa también prevé sanciones para las mujeres que abandonen el hogar sin permiso del marido y para los familiares que las acojan, reduciendo las opciones de escape frente a situaciones de abuso.

Organizaciones de derechos humanos sostienen que el código no solo limita protecciones, sino que reorganiza la sociedad afgana bajo un modelo estrictamente patriarcal. Entidades como Rawadari han advertido que la gravedad de las sanciones parece depender más del estatus social del autor que de la naturaleza del delito. Las figuras religiosas y de autoridad contarían con amplia discrecionalidad, mientras que las mujeres quedan formalmente bajo tutela masculina.

El texto afirma inspirarse en la jurisprudencia islámica hanafí, pero adopta una interpretación restrictiva. Autoriza ciertos castigos discrecionales aplicados por particulares, lo que suscita preocupación por la expansión de la justicia informal y de sanciones impuestas a nivel comunitario.

La reacción internacional ha sido rápida pero en gran medida simbólica. Naciones Unidas, Human Rights Watch y otras organizaciones han denunciado la medida como una grave vulneración de derechos fundamentales. La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer calificó las disposiciones de alarmantes y advirtió que institucionalizan el miedo y la opresión en el ámbito doméstico.

Sin embargo, las respuestas diplomáticas han sido limitadas. Los llamados a condicionar el compromiso político y humanitario con las autoridades talibanas a cambios legales no se han traducido en acciones coordinadas. Las autoridades también han restringido el espacio cívico mediante decretos que prohíben cualquier crítica pública a la legislación, incluso en línea, silenciando la disidencia interna.

La evolución plantea interrogantes sobre si la comunidad internacional vinculará sus relaciones con Afganistán a mejoras verificables en los derechos de las mujeres. Observadores señalan que la atención global dispersa dificulta una presión sostenida.

Defensores de derechos advierten que la codificación de la violencia doméstica puede debilitar los compromisos internacionales en materia de igualdad de género. Sin una supervisión y presión externas constantes, señalan, las mujeres afganas podrían quedar atrapadas en un sistema donde el abuso doméstico queda normalizado dentro del marco legal.