Cinco mozambiqueños mueren en actos de violencia xenófoba en Sudáfrica, según Maputo
El gobierno de Mozambique informó que cinco de sus ciudadanos murieron durante una ola de violencia xenófoba ocurrida el pasado fin de semana en Sudáfrica. Los incidentes tuvieron lugar en la ciudad costera de Mossel Bay, situada en la provincia del Cabo Occidental, donde las tensiones contra los migrantes derivaron en ataques violentos.
Según las autoridades de Maputo, alrededor de 800 ciudadanos mozambiqueños se vieron afectados por los disturbios. El gobierno indicó que siete mozambiqueños perdieron la vida durante los acontecimientos. Cinco fallecieron como consecuencia directa de agresiones xenófobas, mientras que otras dos personas murieron en un accidente de tráfico cuando intentaban regresar a Mozambique.
La violencia llevó a cientos de mozambiqueños a abandonar Sudáfrica. Las autoridades señalaron que aproximadamente 300 personas regresaron por sus propios medios, mientras que más de 500 encontraron refugio temporal en lugares seguros dentro de la provincia del Cabo Occidental. Desde entonces, se han puesto en marcha operaciones de repatriación para ayudar a quienes desean volver a su país.
La policía sudafricana confirmó que mantiene una investigación sobre la muerte de dos hombres en un asentamiento informal de Mossel Bay. Sin embargo, las autoridades aún no han establecido oficialmente un vínculo entre esas muertes y los incidentes xenófobos, ni han revelado la nacionalidad de las víctimas.
En los últimos años, Sudáfrica ha experimentado repetidos episodios de tensión relacionados con la inmigración. Diversas manifestaciones dirigidas contra ciudadanos extranjeros han tenido lugar en varias regiones del país, impulsadas por preocupaciones sobre el empleo, la delincuencia y el acceso a los servicios públicos. Los analistas señalan que el discurso antiinmigrante ha ganado presencia en el debate político local, especialmente de cara a las próximas elecciones municipales.
Los acontecimientos más recientes han despertado preocupación entre líderes regionales y organizaciones de derechos humanos, que continúan reclamando una mayor protección para las comunidades migrantes y medidas más firmes para prevenir la violencia basada en la nacionalidad o el origen.
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