La Corte Suprema de EE. UU. ordena el regreso de migrante deportado erróneamente
La Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó al gobierno facilitar el regreso de un hombre salvadoreño deportado por error, lo que se considera una pequeña victoria contra las políticas de inmigración del presidente Donald Trump.
Kilmar Abrego García, de 29 años, vivía en Maryland cuando fue uno de más de 200 individuos enviados a una prisión en El Salvador como parte de la campaña de Trump contra los inmigrantes indocumentados. La mayoría de los deportados eran miembros sospechosos de la banda venezolana Tren de Aragua, que la administración Trump ha declarado como una "organización terrorista extranjera."
Sin embargo, abogados del Departamento de Justicia reconocieron que García, quien está casado con una ciudadana estadounidense, fue deportado por un "error administrativo".
En una decisión emitida el jueves, la Corte Suprema, con mayoría conservadora, ordenó al gobierno "facilitar" la liberación de García de una prisión en El Salvador y garantizar que su caso se maneje como si no hubiera sido deportado erróneamente. Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de García, celebró la decisión, afirmando que "el Estado de derecho prevaleció."
García había vivido en EE.UU. bajo un estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado debido a los riesgos que enfrentaría en su país natal.
Tras su deportación y encarcelamiento en la famosa prisión de contrainteligencia CECOT, los tribunales inferiores ordenaron que el gobierno de EE.UU. lo regresara antes de la medianoche del lunes. La Corte Suprema suspendió esta orden después de que la administración solicitara una resolución de emergencia.
El gobierno de EE.UU. argumentó que García era miembro de la banda MS-13, una afirmación que los tribunales inferiores encontraron sin pruebas suficientes. Además, el gobierno sostuvo que ya no tenía jurisdicción sobre García al estar en El Salvador, calificando las órdenes de los tribunales inferiores como "sin precedentes e indefendibles."
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, expresó su confianza en que las personas detenidas en CECOT deberían permanecer allí de por vida, destacando un acuerdo de $6 millones con el presidente salvadoreño Nayib Bukele para mantener a los presuntos miembros de bandas en esta prisión de máxima seguridad.
La Corte Suprema dictaminó que el plazo establecido por los tribunales inferiores ya no es efectivo, pero mantuvo la orden de regreso de García, aunque indicó que los tribunales inferiores deben aclarar su decisión considerando la deferencia debida al Poder Ejecutivo en asuntos de política exterior. Los jueces liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson disintieron, argumentando que no había base legal para la deportación de García a El Salvador.
Human Rights Watch condenó el trato a los deportados y pidió al gobierno de EE.UU. que proporcione información sobre las personas transferidas a CECOT y les permita contactar con el mundo exterior.
En otro fallo, la Corte Suprema resolvió que la administración Trump puede continuar con la deportación de migrantes venezolanos bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.
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