Los fiscales generales de EE.UU. desafían la autoridad de Elon Musk sobre DOGE.
Un grupo de fiscales generales de 14 estados de EE.UU. ha presentado una demanda contra el multimillonario Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), argumentando que ejercen un poder sin control. La querella, interpuesta en un tribunal federal de Washington, D.C., sostiene que las acciones de Musk al frente de DOGE solo deberían ser tomadas por un funcionario confirmado por el Senado y no por una persona no electa.
Los fiscales buscan impedir que Musk emita órdenes que afecten a los empleados federales y acceda a sistemas financieros gubernamentales sensibles. La fiscal general de Míchigan, Dana Nessel, junto con sus homólogos de Arizona y Nuevo México, declaró que el tribunal debe anular las órdenes de Musk y emitir una restricción contra su influencia sobre el ejecutivo federal.
La demanda advierte sobre el impacto de DOGE en empleados públicos, incluidos los sectores de seguridad, salud y educación. Los fiscales exigen que Musk revele cualquier dato obtenido ilegalmente, elimine accesos no autorizados y se abstenga de modificar la distribución de fondos públicos. Argumentan que la concentración de poder en un solo individuo no electo representa una grave amenaza para la democracia.
Este conflicto legal surge en el contexto de los esfuerzos de la administración Trump por reducir la fuerza laboral federal. Recientes órdenes ejecutivas han instruido a las agencias a despedir empleados en período de prueba, lo que ha provocado demandas de sindicatos del servicio civil contra DOGE para evitar el acceso a sus registros.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, criticó el rol de Musk, comparando su poder sin control con los riesgos asociados a las monarquías absolutas. También acusó a Trump de recurrir a Musk para implementar políticas controvertidas en lugar de utilizar el Congreso.
DOGE fue creado por orden ejecutiva el 20 de enero de 2025 y opera sin la supervisión habitual del Congreso, con poca transparencia sobre su presupuesto y personal. La demanda resalta la creciente preocupación sobre su autoridad y sus implicaciones para el gobierno de EE.UU.
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