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El fiscal general reclama al Supremo por errores claves en la transcripción de un testimonio
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha mostrado su inconformidad ante el Tribunal Supremo (TS) debido a lo que considera "múltiples deficiencias" en la transcripción de la declaración de Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). La declaración, llevada a cabo el pasado 21 de febrero, presenta, según García Ortiz, errores que afectan de manera grave a su contenido y vulneran su derecho de defensa.
En un escrito dirigido al magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa que investiga al fiscal general por presunta revelación de secretos, la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz en este procedimiento, ha solicitado que se corrijan los "errores sustanciales" detectados en la transcripción. Atribuyen estas imprecisiones al uso de un sistema informático de transcripción automática por parte del TS, al que culpan de no haber revisado ni ajustado adecuadamente los textos generados.
Según la Abogacía del Estado, los fallos en la transcripción dificultan "una correcta interpretación de la declaración del testigo" y podrían derivar en una situación de indefensión para García Ortiz. Por ello, instan al magistrado instructor a corregir dichas deficiencias para garantizar un proceso judicial justo.
De manera paralela, el sindicato Manos Limpias, también personado en el caso, ha acusado a García Ortiz de intentar "obstaculizar" la investigación. Según esta organización, las quejas sobre las transcripciones no son más que una estrategia para retrasar el desarrollo del caso judicial que investiga la supuesta divulgación de información confidencial vinculada al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
