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Presidente surcoreano enfrenta orden de arresto por polémica sobre la ley marcial
Un equipo de investigación en Corea del Sur ha solicitado a un tribunal que emita una orden de arresto contra el presidente suspendido Yoon Suk Yeol. Las acusaciones en su contra incluyen abuso de poder y orquestación de rebelión tras su breve declaración de ley marcial el 3 de diciembre, que duró solo unas horas. Este decreto, que buscó prohibir la actividad política y censurar a los medios, desató semanas de inestabilidad política, interrumpió la gobernanza democrática y generó incertidumbre en los mercados financieros del país.
La Oficina de Investigación de Corrupción lidera la investigación contra Yoon y otros altos funcionarios, con la participación de autoridades policiales y militares. Yoon ha eludido repetidamente las citaciones para ser interrogado y se ha negado a permitir registros en sus oficinas. Tras ser destituido, ya no cuenta con inmunidad frente a posibles acusaciones de rebelión o traición.
El tribunal aún debe decidir sobre la orden de arresto, y no está claro si Yoon podrá ser obligado a colaborar con la investigación. También se le acusa de haber ordenado a funcionarios de inteligencia de defensa la detención de oponentes políticos clave y de intentar bloquear una votación parlamentaria que revocó la ley marcial.
Las repercusiones políticas continúan, ya que el presidente interino Han Duck-soo fue destituido por retrasar nombramientos en el Tribunal Constitucional, que está revisando el caso de Yoon. Su sucesor, Choi Sang-mok, asumió el cargo en medio de desafíos nacionales, incluidos los efectos de un trágico accidente aéreo.
La crisis ha resultado en la detención de otros altos funcionarios, incluido el exministro de defensa y altos mandos policiales, lo que resalta las graves implicaciones del controvertido decreto de Yoon.
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