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El parlamento israelí aprueba una ley controvertida para deportar a los familiares de los presuntos terroristas
El parlamento israelí ha aprobado una ley altamente controvertida que otorga al gobierno la autoridad para deportar a los familiares de personas acusadas de terrorismo, incluidos los propios ciudadanos israelíes. La ley fue aprobada en una lectura final el jueves, con 61 votos a favor y 41 en contra.
Esta legislación, patrocinada por Hanoch Milwidsky del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, otorga al ministro del Interior el poder de expulsar a los familiares de primer grado (padres, hermanos o cónyuges) de individuos etiquetados como “terroristas” hacia Gaza o a otros lugares, si se determina que han expresado apoyo o se han alineado con los atacantes presuntos, o no han informado sobre actos de terrorismo.
La ley también se aplica a los ciudadanos palestinos de Israel, residentes de Jerusalén Este ocupado y posiblemente de Cisjordania. Aunque los ciudadanos israelíes podrían ser deportados bajo esta ley, conservarían su ciudadanía. Las personas deportadas enfrentarían períodos de expulsión que van de 7 a 15 años para los ciudadanos y de 10 a 20 años para los residentes. Se les permitirá presentar una defensa en audiencias realizadas por el ministro del Interior, quien deberá tomar una decisión dentro de los 14 días.
Los críticos argumentan que la ley es inconstitucional y va en contra de los valores fundamentales de Israel. Eran Shamir-Borer, investigador senior en el Instituto de Democracia de Israel, considera que la ley podría ser anulada por el Tribunal Supremo si es impugnada.
En un desarrollo separado, se aprobó una orden temporal de cinco años que permite que los menores de 14 años condenados por asesinato como parte de un acto de terrorismo enfrenten penas de prisión.
Otra medida, también aprobada, otorga al Ministerio de Educación la autoridad para despedir a los maestros vinculados con "actos terroristas", incluidas expresiones de identidad palestina o apoyo a las aspiraciones palestinas, particularmente en las escuelas administradas por palestinos en Jerusalén Este y dentro de Israel. Los maestros podrían ser despedidos sin previo aviso y las escuelas podrían enfrentar recortes de fondos.
Estos pasos legislativos forman parte de un enfoque más firme por parte de la Knesset israelí, que recientemente también se ha movido para cerrar la UNRWA, la principal agencia de ayuda para los refugiados palestinos. Esto sigue a las acciones militares israelíes en Gaza, que han cobrado miles de vidas palestinas desde octubre de 2023.
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